Gobierno decretó el incumplimiento de 5 obligaciones del contratista y le interpuso multas por $11.000 millones. La compañía española impugnó.
La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, aseguró que se encuentra “vigente” el contrato de la concesión del corredor vial Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del Viso, que tiene un valor de $474.267 millones a cargo de la compañía española Sacyr.
El contrato firmado legalmente con la concesionaria Vial Montes de María S.A.S. está en etapa de preconstrucción, con un atraso de 9 meses con relación al inicialmente previsto para el inicio de esta obra.
De esta forma, la Agencia aclara la versión del medio español El Confidencial, que en su edición de ayer aseguró que la constructora estaba planeando demandar al Gobierno colombiano en un tribunal internacional de arbitraje por la presunta decisión de declarar la caducidad del contrato.
Esta versión que también fue indagada la Agencia Efe, que informó que fuentes de Sacyr confirmaron “esta decisión y han asegurado que confían en poder llegar a un acuerdo con la administración colombiana para continuar con la construcción de la carretera”.
En un comunicado de 7 puntos, la ANI, señala además que actualmente se adelanta un proceso sancionatorio acumulado de cinco incumplimientos al contrato de concesión, lo que ha significado, multas por unos 11.000 millones de pesos que todavía no están en firme.
La concesionaria conforme a los derechos con los que cuenta en el proceso sancionatorio, impugnó está decisión lo cual se encuentra en evaluación por parte de la Agencia.
La vía del desacuerdo
La concesión adjudicada a Sacyr corresponde a una vía que “tiene un trazado de 202 kilómetros que pasará por 14 municipios de los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico”, explicó durante al acto de firma del contrato el entonces vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Era la primera obra de la segunda ola de las vías de cuarta generación (4G).
Sacyr adujo al medio español que “el contrato licitado es de imposible realización por causas técnicas. La compañía sostiene que tras la consecución del contrato, surgieron imprevistos que no estaban en los pliegos, por lo que no se puede llevar a cabo la infraestructura”.
Esta situación parece ser un nuevo rifirrafe –elevado a litigio– entre una compañía española y el Estado, luego de que se ordenara la intervención y posterior liquidación de Electricaribe, empresa participada mayoritariamente por Gas Natural Fenosa, por cuenta de sus reiteradas fallas en el suministro de electricidad a 2,5 millones de clientes en la Región Caribe y de su endeble situación financiera.
EL HERALDO consultó con Sacyr Colombia, pero la empresa manifestó que no se iba a referir al tema.
Los otros puntos del comunicado
La ANI señala en el comunicado que el proceso de licitación fue competitivo. Se presentaron cuatro proponentes para la ejecución del proyecto vial. La Agencia como insumo para la elaboración de las propuestas, entregó previamente toda la información relacionada con los aspectos técnicos, prediales y ambientales, entre otros, necesarios para la elaboración de la respectiva propuesta. En esta licitación Sacyr hizo la propuesta de menor valor y le fue adjudicada la concesión.
La Concesionaria Vial Montes de María S.A.S. generó una controversia jurídica con la ANI solicitando la declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad (ERR) relacionado con el estado de la estructura de la vía. La controversia jurídica fue atendida por la figura del ‘amigable componedor’, que está prevista en el contrato de concesión para controversias de carácter técnico.
“El amigable componedor el pasado 4 de mayo de 2017 determinó no declarar el Evento Eximente de Responsabilidad (ERR) solicitado por el Concesionario y dio la razón al Estado Colombiano. Esta determinación es de obligatorio cumplimiento”.
La firma Concesionaria Vial Montes de María formuló una demanda ante el Tribunal de Arbitramento, en la que pretende la declaratoria de nulidad de la decisión del amigable componedor.
La Agencia emitió en enero de este año resolución que declara el incumplimiento de cinco obligaciones del contratista, e interpuso las cinco multas por el valor antes mencionado.
El Gobierno nacional, reiteró “la seriedad con la que asume los procesos contractuales de todas las concesiones” y que incluye brindar todas las garantías a los inversionistas y respetar el Estado de Derecho.
De igual forma espera que los contratistas de las concesiones cumplan con lo que se comprometieron contractualmente con la ANI y el Estado colombiano.
ALEXANDRA DE LA HOZ