La Superintendencia de Puertos y Transporte advirtió que sancionará con multas hasta de $482 millones o con la cancelación de la habilitación otorgada por el Ministerio de Transporte a las empresas, propietarios, tenedores, conductores y a quienes faciliten o promueven la alteración o suspensión del servicio público de transporte terrestre automotor de carga por carretera.
“La Constitución y la Ley obliga a las empresas de carga a prestar el servicio para el cual fueron habilitados. Así que una vez se compruebe el cese injustificado de actividades por parte de los prestadores de este servicio procederemos a imponer drásticas sanciones”, manifestó el superintendente Javier Jaramillo.
Además, la entidad también conminó a todos los gobernadores, alcaldes y organismos de tránsito a aplicar las sanciones pertinentes en contra de los conductores de vehículos de carga que entorpezcan la continuidad en la prestación de este servicio público de transporte en cualquier lugar del país.
La Superintendencia recuerda que todas las empresas de transporte cuentan con la protección y el acompañamiento de las Fuerzas Militares y de Policía, que a través de las cientos de caravanas programadas por todo el país tendrán la seguridad necesaria para transportar la carga.
A su vez, los generadores de carga que necesiten vehículos para mover sus mercancías pueden hacer su solicitud a la Supertransporte.