La agenda del Congreso está al tope y gran parte de los proyectos de ley ordinaria (al menos el 60 por ciento de 157 que hay radicados), según las estadísticas del Legislativo, tienen algún impacto en las finanzas.
En esta oportunidad, la mayor parte de las iniciativas vienen de parte de los parlamentarios, pues el Gobierno solo tiene 15, mientras que los legisladores suman un paquete de 142, algunos radicados en lo que va de este año, y otros que hacen fila desde el año pasado, con la aspiración de conseguir el aval antes del 20 de junio, fecha en que concluye la actual agenda.
Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda, en junio próximo, presentará al país el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el que hace un capítulo específico sobre el costo de las leyes aprobadas el año anterior. Mientras tanto, el dato más reciente al respecto, da cuenta de que en el 2013 fueron aprobadas y sancionadas 95 leyes nuevas de las cuales, solo 24 tenían costo fiscal y, aún así, el monto estimado para cubrirlas fue de 2,4 billones de pesos.
En esta oportunidad, en un contexto de ajuste fiscal por reducción de la expectativa de ingresos públicos, debido al impacto que generará la caída de los precios del petróleo, se están radicando proyectos a granel que, en muchos casos, demandarán nuevos recursos.
En algunos casos, la mano al bolsillo se la meterán a los colombianos. Sucede por ejemplo con las estampillas, sobre las cuales, se había abierto el camino para ponerle coto a la alta aprobación de las mismas, pues no son otra cosa que un impuesto. En este momento, en el Congreso cursa un proyecto para ampliar el tiempo de permanencia de una que se creó para apoyar a la Universidad Surcolombiana y, solo en el 2014 generó recursos por 4 billones de pesos, según se expresa en la misma propuesta.
En los registros del Congreso reposan proyectos de ley para que se establezcan las regalías ambientales como instrumento económico de compensación e incentivo a los municipios por la conservación de los ecosistemas, áreas ambientales y áreas protegidas en su jurisdicción.
También hay una iniciativa para ponerle límite al incremento anual del impuesto predial unificado, partiendo del inconformismo de los aportantes de ese tributo que reclaman porque este ha subido en 40 por ciento, monto desproporcional al aumento de los salarios.
Al Congreso llegó también la propuesta del Ministerio del Interior, una de las pocas del Gobierno, para establecer las llamadas Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social), que también tendrá demanda de recursos y ha tenido ciertos tropiezos. Ya es la sexta vez que ha sido radicado.
A nombre del Gobierno también cursa la idea que plantea seis alternativas para el financiamiento de la rama judicial. El proyecto es del Ministerio de Justicia y pide que las multas por procedimientos judiciales, entre otros, vayan a parar al fondo para la modernización y el descongestionamiento de la administración de justicia.
Medidas para subsidiar a los trabajadores con discapacidad, con una asignación del 30 por ciento de un salario mínimo, pagado por empleadores, pero descontable del Cree (Contribución Económica para Equidad) también intentan convertirse en ley.
Con marea alta desde que se registran en los libros del Congreso, han llegado iniciativas como la que propone obligatoriedad de descanso en ciertos festivos.
Otra idea parlamentaria es usar los saldos de cuentas bancarias abandonadas para financiar funciones sociales del Estado, especialmente educación. Según la Superintendencia Financiera, habría más de 6,5 billones de pesos congelados, de cuentas de ahorro y crédito abandonadas.
Los congresistas también están interesados en lograr que el 10 por ciento de los recursos de regalías que se destinen para inversión en ciencia y tecnología apalanquen proyectos innovadores en el sector defensa.
Igualmente siguen su curso proyectos de grueso calibre, por los cuales, no solo se lograrán recursos para la bolsa pública, sino que impulsarán la competitividad de la industria y el comercio, como es el de la ley anticontrabando, que ya va en el segundo de cuatro debates.
Acuerdos binacionales y cambio al presupuesto
En la presente legislatura aún quedan pendientes algunos acuerdos binacionales. Es el caso del que se cursa para la protección y fomento recíproco de la inversión con Francia.
Se destaca también una propuesta de ley que le otorga privilegios, inmunidades y facilidades a la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), gremio al que Colombia quiere ingresar. El objetivo es que no tengan tributación directa, incluidos cargos para efectos de pensión o seguridad social; aranceles, que no tenga restricción para importar y exportar publicaciones u otro tipo de material que produzcan.
Destacable también es el acto legislativo que plantean varios integrantes de la Cámara de Representantes, en relación con las decisiones del Presupuesto General. “Si no se excede el monto definitivo del presupuesto de gastos decidido por las comisiones conjuntas, las plenarias de las cámaras podrán efectuar modificaciones o traslados de las partidas para los gastos incluidos en el proyecto de presupuesto o incluir nuevas partidas”, piden en el proyecto.
Creación de reglas para los comparendos, de manera que los medios tecnológicos se puedan usar como prueba para imponerlos; seguro de vida para diputados equivalente a 300 salarios mínimos mensuales, y universalidad en el derecho prestacional de pago de prima de servicios para las personas que prestan servicio doméstico son otras de las iniciativas.
MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción Economía y Negocios