Sin perjuicio de un debate técnico riguroso a la tesis de Minhacienda sobre utilidades e inflación, esta no debe usarse para impulsar más impuestos.
Una reciente publicación del Ministerio de Hacienda ha desatado una discusión sobre los factores detrás de la disparada de los precios en años recientes, con aristas no sólo técnicas sino también políticas. Se trata de una edición de las “Notas Macroeconómicas”, titulada “Seller's inflation en Colombia” (La Inflación del vendedor), que afirma que las utilidades de las empresas colombianas han protagonizado la mayor contribución a la inflación que experimentó la economía nacional en 2021 y 2022.
Este fenómeno “obedece principalmente a que las firmas aumentaron sus precios, aprovechando un mayor poder de mercado, originado en la presencia de disrupciones de oferta exacerbadas por una creciente demanda”. Más aún, según los autores, este aporte de las ganancias de las compañías a la inflación reciente “ha sido mayor que la contribución de los salarios, especialmente en sectores como el agropecuario y el minero”.
Concluyen los técnicos de la cartera de finanzas públicas que, ante este poder de las empresas, los gobiernos podrían aplicar algunas recomendaciones como los impuestos a ganancias extraordinarias, pactos con empresarios, compras públicas y, por ejemplo, “fomentar la economía popular para contrarrestar esta concentración” en unas pocas compañías. Esta tesis sobre el origen de la alta inflación en la economía colombiana en 2021 y 2022, planteada en este documento técnico, ha sido abiertamente respaldada, tanto por las autoridades económicas como por el presidente de la República, Gustavo Petro, desde Davos.
Desde un punto de vista técnico, este señalamiento de la responsabilidad de las utilidades privadas en la disparada de precios ha recibido críticas desde múltiples frentes. Uno de ellos contrasta esta interpretación con otras lecturas del fenómeno inflacionario en ese período que apuntan como factores más críticos a los costos elevados de las materias primas, los insumos agrícolas, los fertilizantes en la cadena de la producción de alimentos, una mayor devaluación, el impacto de ‘La Niña’, el aumento de la demanda desde los hogares en la pospandemia, entre otros.
Asimismo, otros expertos han cuestionado que la revisión de los datos no necesariamente deriva en una conexión de causalidad entre el aumento de las utilidades y la disparada de los precios. En otras palabras, la tesis del Ministerio de Hacienda debe ser discutida con la mayor rigurosidad técnica y las prácticas académicas estándares, antes de trasladarse a cualquier decisión de política pública económica. Ya la Andi anunció una respuesta técnica a las afirmaciones del texto.
Por otro lado, el firme respaldo dado por el presidente Petro a este documento académico desata entonces otras repercusiones más de corte político. Asociar la legítima búsqueda de utilidades de los empresarios con el doloroso fenómeno inflacionario que sufrieron los hogares colombianos en años recientes se instala dentro de una constante narrativa gubernamental con un peligroso sesgo anti-empresarial. De hecho, en no pocas ocasiones, el sector privado absorbió alzas en sus costos y sus insumos para evitar trasladarlos completamente a los precios a los consumidores finales.
Mientras, la Casa de Nariño sigue generando espacios que muestren su acercamiento a los empresarios y que empujen a estos a un difuso “Acuerdo Nacional”, convertir a las compañías en el “villano” de la inflación no contribuye a reforzar los lazos de cooperación público-privada. Esta tesis de MinHacienda no debería usarse para sustentar ante los colombianos mayores controles o cargas a la actividad empresarial.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER