Nuevo texto de la reforma laboral avanza en unos temas, pero sigue sin atender la creación de empleo.
El jueves pasado el Gobierno Nacional presentó al Congreso, de manera sorpresiva y sin mayor concertación con empresarios y otros bloques políticos, una nueva versión del proyecto de ley de la reforma laboral. Inicia así el Ejecutivo el trámite oficial de su paquete de reformas –salud, laboral y pensional– en la segunda legislatura del cuatrienio, en medio de unas perspectivas políticas y económicas complejas y a poco más de dos meses de las elecciones regionales de octubre.
Entre los nuevos elementos incluidos en el proyecto cabe resaltar la intención de regularización para los trabajadores de las plataformas digitales de reparto a domicilio, así como las contribuciones parciales a la seguridad social y el reconocimiento de condiciones laborales diferenciadas a algunos grupos como los jornaleros rurales y artistas. Aún hay mucho por mejorar en estos esquemas, pero la inclusión de estos tópicos apunta a una mejora necesaria.
No obstante, esta segunda versión de reforma insiste en medidas como la jornada nocturna, los recargos por festivos y dominicales, el reforzamiento de la estabilidad y las restricciones a la tercerización y a los contratos a término fijo, entre otras, cuyos efectos derivarán en una elevación de los costos laborales. Dado que un estudio de la Andi había estimado en casi 700.000 los empleos formales que se destruirían con la primera versión hasta el 2030, los cálculos del impacto en informalidad y nuevos puestos de trabajo que pide el gremio al Gobierno son tanto necesarios como ineludibles para un debate completo. Es decir, debe haber claridad respecto a si la reforma crea o destruye empleos.
Las dificultades de esta nueva versión se extienden, adicionalmente, a las disposiciones sobre la negociación colectiva. La iniciativa gubernamental no solo amplía el fuero sindical sino que también abre la puerta en el futuro a las huelgas en servicios públicos esenciales y eleva la conflictividad en las relaciones laborales. En conclusión, el proyecto de ley termina aumentando los costos de contratación de las empresas colombianas –grandes, medianas, pequeñas y micro– y, con la intención de una mayor estabilidad, perjudica a poblaciones que necesitan trabajo como mujeres y jóvenes.
Lo anterior se está presentando en un entorno económico y social poco favorable. No parece conveniente someter a las empresas privadas, generadoras de la inmensa mayoría de los puestos de trabajo en la economía nacional, a una sobrecarga laboral que se suma a los mayores impuestos y demás recursos que ya están destinando a las arcas públicas. Asimismo, en medio de la realidad de la desaceleración de la dinámica productiva, se requieren medidas que estimulen la creación de empleo, morigeren el impacto laboral del freno y reduzcan los altos niveles de informalidad.
Un reto para la propuesta de ‘Acuerdo nacional’ del gobierno Petro sería precisamente recoger las propuestas que ya el empresariado ha venido presentando para ajustar el articulado nuevo a las urgencias actuales del mercado laboral colombiano. Aún hay campo para eso y la reunión que el Presidente sostuvo ayer con el Consejo Gremial debería servir para abrir espacios en búsqueda de un diálogo que pase de la retórica a la acción. Siempre serán mejores los consensos.
EDITORIAL