La accidentalidad vial en el puente obliga a volver a hablar de un asunto con cifras preocupantes.
Al terminar el puente de San Pedro y San Pablo, marco de numerosas ferias y fiestas en distintos lugares del país y que tiene lugar en plenas vacaciones de mitad de año, una vez más causan escozor los reportes de siniestralidad vial. Cuatro motociclistas muertos en Huila, uno de ellos arrollado por un carro fantasma, entre las víctimas se cuenta una mujer madre de dos menores de edad; dos personas fallecidas en la vía Apulo-Tocaima, en Cundinamarca, luego de que su vehículo cayó desde una altura de diez metros; un muerto y cinco heridos en Barranquilla y otras tres vidas perdidas en Bolívar hacen parte del balance preliminar.
Hay que recordar, una vez más, que las cifras en este frente son muy preocupantes. El 2022 fue el año con más fatalidades en la historia, mientras que las cifras para el periodo enero-mayo del año en curso muestran un aumento del 5,01 por ciento con relación a los mismos meses del año anterior. Y que en lugar de fortalecer herramientas que en otros países han demostrado su efectividad, como las cámaras salvavidas, iniciativas polémicas buscan dejarlas sin dientes a la hora de sancionar a los infractores que detectan conduciendo con exceso de velocidad.
La accidentalidad en las vías es un problema de salud pública. Hay que recordarlo siempre. Y lo es en la medida en que impacta de manera significativa en los años de vida saludable que se pierden por muertes tempranas y por pérdidas de las capacidades funcionales y productivas de los heridos, sin dejar de lado el peso que esto tiene, en entornos familiares y sociales.
Basta ver, por ejemplo, que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 90 % de estas causas ocurren en países de ingresos bajos y medios, que tienen que dedicar cerca del 3 % del PIB para subsanar sus efectos.
De igual forma, hay que resaltar que en la región los usuarios vulnerables de las vías de tránsito, como peatones, motociclistas y ciclistas, representan el 23, el 15 y el 3 % de las muertes a causa del tránsito, respectivamente, con un mayor riesgo para los hombres.
Pero, al respecto, llama la atención que en casi todos los países existen legislaciones integrales para atenuar estos desenlaces. Sin embargo, en lo que tiene que ver con indicadores, por ejemplo en Colombia, estos se muestran preocupantemente laxos.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el seguimiento de indicadores de protección como el uso del cinturón de seguridad, tanto para conductores como para pasajeros en la zona central –que es en la que más cumple–, apenas alcanza el 75,8 y el 62 %, respectivamente; y ni qué decir del control de velocidad, ya que una de las zonas más rigurosas, otra vez la central, el 30% excede los límites.
Igualmente, las falencias en los mecanismos de retención infantil dentro de los vehículos y los altísimos niveles de uso inadecuado o no uso del casco, en ciclistas y motociclistas. Así que en momentos en que se habla de la vida como eje de las discusiones sobre la salud pública, considerar la seguridad vial como uno de esos determinantes que hay que intervenir, se convierte en una prioridad ineludible.
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