El reto de sindicatos y empresarios es un porcentaje de incremento que alivie la capacidad de compra de los salarios de los hogares y demuestre mesura.
Esta semana que inicia es definitiva para la negociación del aumento del salario mínimo para el año entrante. A partir de hoy el Gobierno Nacional, centrales obreras y gremios de la producción protagonizarán varias jornadas de discusión en aras de concertar, de ser posible hasta este viernes, el porcentaje en que subirá la remuneración que directamente devengan 3,42 millones de trabajadores colombianos y otros 9,4 millones que ganan menos de ese monto.
Las cartas para la negociación ya están sobre la mesa. Mientras los sindicatos apuestan por un aumento del 20 por ciento -unos 200 mil pesos-, los representantes de los empresarios se abstuvieron de anunciar su postura inicial y, en cambio, llamaron a “superar la metodología tradicional que ha llevado a que la mayoría de los años no haya consenso”. A pesar de no contar con ese “piso” de la negociación, el llamado de los empleadores a tomar esta decisión con “la más alta responsabilidad” es tanto necesario como sensato.
El ambiente económico en el que se está dando este proceso de concertación salarial es complejo y genera distintos factores que la comisión tripartita debe ponderar. El primero es la disparada inflación que no alcanzó su techo en este 2022. La variación anual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en noviembre 12,53 por ciento -la más alta en 23 años- y la de los hogares pobres y vulnerables 14,34 y 14,17 por ciento, respectivamente.
La pérdida de capacidad de compra de las familias colombianas en este año reporta unos niveles históricos que el porcentaje de aumento del salario mínimo debe mitigar. Esta es una realidad que los empresarios reconocen y que eleva el “piso” de la negociación- incluyendo la productividad de 1,24 por ciento publicada por el Dane -hasta casi 14 por ciento- cuatro puntos más que el incremento para 2022.
No obstante, otros factores invitan a la prudencia a la hora de esta definición. Colombia se encamina a un 2023 marcado por una fuerte desaceleración en el ritmo del crecimiento de la economía, que se traducirá en la capacidad de las empresas de crear nuevos puestos de trabajo. Lo anterior se suma a una tasa de desempleo de 9,7 por ciento -una buena noticia- con una informalidad del 58 por ciento de la población. En otras palabras, la discusión sobre el salario mínimo no puede olvidar la necesidad imperiosa de crear las mejores condiciones posibles para la generación de empleo formal y con seguridad social.
Otro aspecto clave es el fiscal. De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Hacienda, cada punto de ajuste salarial por encima de la inflación proyectada implicaría un costo fiscal alrededor de los 1,5 billones de pesos. En un entorno complejo para las finanzas públicas como el que viene en 2023, no sobra un llamado hacia la toma de decisiones responsables en materia fiscal. Más aún, esa responsabilidad toca también a la futura discusión de la reforma laboral y de la seguridad social que el Gobierno Nacional ha anunciado.
Se percibe un ánimo de concertación entre el Ejecutivo, las centrales obreras y los empleadores. De lograrse un consenso tripartito alrededor de un aumento proporcionado del salario mínimo, ésta sería un logro positivo y un anticipo de la posibilidad de avanzar en acuerdos en las reformas a debatirse el año entrante.
El reto de sindicatos y empresarios radica en ponerse de acuerdo en un porcentaje de incremento que tanto alivie la capacidad de compra de los salarios de los hogares como demuestre la necesaria mesura económica.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda