Las medidas iniciales del gobierno para la industria del petróleo, gas y minería han desatado preocupaciones sectoriales, fiscales y de seguridad.
La política para el sector minero-energético fue una de las áreas de gobierno que más expectativa e incertidumbre despertó durante la campaña presidencial en el primer semestre. Ya elegido el presidente Gustavo Petro y en el período de empalme, tanto la promesa de suspender las futuras exploraciones petroleras como la selección en el ministerio del ramo estuvieron acompañados de llamados a una mayor claridad sobre el rumbo de la política sectorial.
Ya posesionadas la nueva administración y la nueva Ministra, la doctora Irene Vélez, los anuncios iniciales sobre las industrias mineras y de hidrocarburos han transformado la incertidumbre en preocupación. Un primer motivo lo generó la inclusión en la propuesta de reforma tributaria, impulsada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de unos nuevos impuestos sobre los “recursos de uso del subsuelo”.
El gobierno Petro busca recaudar unos 7 billones de pesos adicionales al año mediante la doble decisión de imponer un tributo a las exportaciones y la no deducibilidad de las regalías. El impacto de estas medidas fiscales sobre un sector, crucial para las finanzas públicas y para el desarrollo regional, no es menor. De acuerdo a un informe de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), la carga fiscal sobre las empresas de petróleo y gas alcanzaría el 80 por ciento.
Estos artículos del proyecto de ajuste fiscal del Gobierno Nacional impactarían, según el gremio del sector, la viabilidad de los proyectos de exploración y producción, incluyendo los 180 contratos vigentes. Si se tiene en cuenta que la inversión en estas actividades económicas de hidrocarburos llegaría a los 1.130 millones de dólares este año, estamos hablando de consecuencias importantes en la inversión. A lo anterior se sumarían los efectos que también registrarían las compañías del sector minero.
En paralelo a esta discusión tributaria, la ministra Vélez dio unas declaraciones a medios en los que afirmó que, ante la eventual insuficiencia de las reservas de gas, el país importaría este combustible desde Venezuela. Estas afirmaciones de la jefe de la cartera sectorial además se dan en medio de dos recientes anuncios de Ecopetrol sobre importantes hallazgos costa afuera en Uchuva-1 y Gorgon-2 que “ratifican la existencia de una provincia gasífera”.
No deja de sorprender que en momentos en que la petrolera nacional, cuyo futuro bajo el gobierno Petro tampoco está completamente clarificado, avanza en estos importantes yacimientos, la ministra Vélez abra la puerta a la importación del gas. Si hay un sector productivo donde la autosuficiencia es estratégica por razones económicas y de seguridad nacional es precisamente el energético. Si bien hay voces que defienden la importación de gas por razones de costo y de apertura del mercado, la apuesta por la independencia energética debe guiar la política pública en esta materia. La contribución del gas natural a la transición energética va más allá de la seguridad y autonomía e incluye asimismo avances en superación de la pobreza y una ruta de reducción de emisiones de las industrias.
La postura del gobierno Petro sobre la necesidad de una política energética alrededor de una transición hacia la descarbonización y la electrificación y la disminución de la dependencia nacional al petróleo es compartida por todos los interesados en este sector. Lo que hoy genera preocupación son los desincentivos tributarios, los riesgos a la seguridad energética y el rumbo futuro de Ecopetrol y la aún necesaria exploración de hidrocarburos.
Francisco Miranda Hamburger