El tema de la tierra en Colombia debe abordarse prudentemente y con conocimiento de causa, de lo contrario, saldrían propuestas inalcanzables e inviables.
La tierra en Colombia es un tema que se relaciona no solo con el poder, sino con un conjunto de derechos y facultades legales que permiten la seguridad de permanencia y estabilidad de las familias dedicadas a la ruralidad.
Por esto, antes de entrar a hacer un análisis de la propuesta del gobierno del presidente electo de Colombia, donde manifiesta “que las tierras que no son productivas se les subirá el impuesto predial y se les comprará a los propietarios de ellas, para ser entregadas a los campesinos”, es importante dar los siguientes datos:
Colombia tiene 19 millones de predios, de los cuales 14 millones son urbanos y los restantes cinco millones, rurales; en hectáreas productivas estos predios suman 45 millones de hectáreas, en las que las comunidades indígenas tienen tituladas más de 15 millones, las comunidades negras y afros 5,5 millones y 17 millones en Parques Naturales y Reservas Forestales.
Teniendo en cuenta estos datos, debemos preguntarnos si la propuesta de Petro incluye solo promover la productividad de las tierras de los empresarios del agro y la ganadería, o también se van a incluir las tierras, bastante improductivas, de las que, entre indígenas y negritudes, suman más de 20 millones de hectáreas.
Debemos revisar también la titularidad de las tierras en Colombia. Existen más de un millón de registros de propiedad en falsa tradición, es decir, sin una propiedad plena; también tenemos más de cinco millones de predios baldíos, en su mayoría en la altillanura colombiana, y aun así, ¿se pretende revisar y condenar, solamente, la productividad de los 30 millones de hectáreas con títulos legítimos?
Con base en los datos mencionados, pareciera que esta es la propuesta más errada y costosa de las que propone Petro para su gobierno. ¿Por qué costosa? Para que pueda llevar a cabo esto, debe agotar tres pasos:
Primero, actualizar los avalúos de la tierra, mediante Catastro Multipropósito, que para los que no saben, arrancó en algunas zonas del país, pero en la mayoría del territorio no se ha implementado, por falta de voluntad y porque actualizar catastralmente cada hectárea, tiene un costo aproximado de 500.000 pesos que deben ser asumidos, según la ley, por las regiones donde se encuentren los predios. Significando así que la nación debe apoyar para hacer los respectivos traslados a municipios que no tienen la capacidad financiera para hacerlo.
Después de realizar el proceso de actualización, el paso a seguir es determinar para qué sirve cada predio. Esta valoración la define el Catastro Multipropósito con base en datos y estudios del mismo Gobierno nacional. Allí se determina si la tierra es o no productiva, y si lo es, se indica qué tan viable es el producto que genera y si cumple con los requisitos mínimos de esta actividad productiva. Esta última parte, sin duda alguna, va a generar conflictos directos entre los propietarios y el gobierno, ya que, a la fecha, muchos de los primeros, tienen subsidios y préstamos de fomento en estas tierras.
Finalmente, vendrá un proceso jurídico donde se determinará el valor de la tierra y sus estructuras de los predios avaluados. Si el Estado pensara en comprar estos predios, requerirá una cantidad abrumante de dinero, que sale directamente del erario, y una vez se le otorgue al campesino, se debe cambiar el objetivo productivo de esta tierra en su totalidad, que, además, significa, otorgarle créditos y subsidios al nuevo propietario campesino.
Como ven, no existe, ni existirá presupuesto de la nación para cumplir la propuesta del gobierno electo, parece más fácil un vendedor de humo.
En vez de esa propuesta costosa e inviable, lo que debería hacer el gobierno electo es ampliar la frontera productiva de Colombia hacia la Altillanura, donde hay alrededor de siete millones de hectáreas que pueden ser productivas.
La ley Zidres, que el Ministerio de Agricultura actual nunca reglamentó, permitiría que los campesinos no solo sean empresarios del campo y tengan ingresos importantes de sus tierras, sino que esta zona del país se convertiría en una nueva despensa de alimentos que garanticen la seguridad alimentaria y permita excedentes de exportación.
Adicionalmente, si se promovieran propuestas que le permitieran al Gobierno nacional la legalización y adjudicación de millones de hectáreas que hoy son baldíos, es decir, predios que están sin legalizar, tendríamos una reforma agrícola integral que habilitaría muchísimas más posibilidades de producir alimentos y de, por fin, lograr la legalidad de toda la propiedad rural.
Insistir con la expropiación disfrazada mediante la compra de tierras improductivas será un fracaso, y los procesos legales para lograrlo serán largos y costosos para el Estado, teniendo la certeza que la mayoría de los procesos de compra obligatoria no serán efectivos, pues hoy esos propietarios tienen forma de justificar que sus tierras -en su mayoría- son productivas, y si no lo son, estoy seguro de que harán las inversiones para hacerlas productivas.
Y como complemento, es importante para el gobierno electo que pregunte por el casi millón de hectáreas que tenían las Farc en el Ariari y que se recuperaron en el gobierno del expresidente Santos, cuyos expedientes reposan en la Agencia Nacional de Tierras. Súmenle, también, las tierras administradas por la SAE y otras que ya se le aplicó extinción de dominio y que están en el Fondo Nacional Agrario (anterior fondo de tierras)
El tema de la tierra en Colombia debe abordarse prudentemente y con conocimiento de causa, de lo contrario, saldrían propuestas tan inalcanzables e inviables, como las que hemos analizado.