El aumento de las cifras de muertos en las vías obliga a mayor rigor en el control del riesgo.
No es para nada halagador el panorama que hoy se observa en el país en materia de muertes en las vías. A nivel nacional, 2021 fue el año con más fatalidades en siniestros viales de la historia, con 7.270, mientras que el total de vidas perdidas en la última década ronda la aterradora cifra de 64.000. La meta de reducir en un 50 por ciento la siniestralidad planteada en el Plan Nacional de Seguridad Vial vigente entre 2011 y 2021, por desgracia, no se pudo alcanzar. Hay que recordar que la ONU se ha referido a este problema como una epidemia silenciosa y ambulante que al año mata a cerca de 1,3 millones de personas en el mundo.
Y si este panorama ya es preocupante, una mirada a las cifras del 2022 hace aún más inquietante la situación: a nivel nacional se registra un aumento del 19 por ciento en las muertes en lo correspondiente al primer semestre del año, mientras que en Bogotá la situación es todavía más grave, la Agencia Nacional de Seguridad Vial habla de crecimiento de este indicador del 40 por ciento para este periodo, cifra que es un tanto menor, 18,7 por ciento, en los registros de la Secretaría de Seguridad. En cualquier caso, la tendencia al alza es muy grave y exige acciones inmediatas.
Aquí asoman dos frentes prioritarios: el control urgente de comportamientos riesgosos –como conducir con exceso de velocidad y no respetar los semáforos– y lograr que tecnologías ya existentes e instaladas, como las llamadas cámaras salvavidas, puedan ser verdaderamente efectivas. En lo que a estos dispositivos concierne, hay que remitirse al fallo de la Corte Constitucional que estableció que el propietario del vehículo que cometió la infracción no es solidario con el conductor. El camino aquí, señalan expertos, es que el dueño sea citado para colaborar, so pena de multa, para informar –sin obligación de inculpar– qué fue lo que ocurrió con su vehículo cuando fue fotografiado cometiendo una infracción: la ley lo hace responsable del manejo cuidadoso de su automotor.
Todo este estado de cosas se da a conocer al tiempo que termina la fase de socialización del nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial y que la nueva ley Julián Esteban Gómez, en honor al menor de edad que perdió la vida al ser atropellado por una tractomula mientras montaba en su bicicleta, espera la sanción presidencial. Esta norma, que ha recibido buenos comentarios de expertos en la materia, fija nuevos límites de velocidad –principal factor generador de riesgo–, sienta nuevas pautas para la homologación de los estándares de seguridad de los vehículos, establece especificaciones de seguridad más actualizadas y efectivas en la construcción de nuevas vías y, algo muy importante, pretende hacer más exigente el proceso de obtención de la licencia. El llamado tiene que ser a que el nuevo plan pueda armonizarse con las nuevas regulaciones que trae dicha ley y a que en sus siguientes fases recoja las invitaciones de numerosos expertos a ser más ambicioso en sus metas y específico en cuanto a responsables de tareas y ejecución de los programas de prevención. Esto, hacia el futuro. Por lo pronto, urge actuar con las herramientas existentes, pues en este tema no se puede perder nunca de vista que todas las muertes, sin excepción, son prevenibles.