Entre las tareas pendientes está el desarrollo de las obras de largo aliento como política de Estado
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) que lidera Juan Martín Caicedo dio a conocer un decálogo para impulsar el crecimiento del sector en los próximos años de cara al cambio de gobierno.
Entre las acciones que ven necesarias está el concebir el desarrollo de infraestructura como una política de Estado, de largo aliento, que trasciende los ciclos políticos y gobiernos de turno. Pues creen necesario abandonar ese planteamiento que cobró fuerza en los años 90, cuando el sector alcanzaba un PIB del 1 por ciento, y que hoy se acerca al 3 por ciento como lo recomendó la banca multilateral.
La segunda solicitud es reconocer al sector privado como un socio estratégico del Estado en la modernización de las obras del país.
“El rol de los constructores, concesionarios, consultores e interventores es coadyuvar a la buena y eficiente ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos”, dijo la CCI.
Además recordó que a través del modelo de APP, el sector privado suple las necesidades de financiación de infraestructura pública en circunstancias de restricción fiscal, lo cual garantiza proyectos con altos estándares de calidad.
La tercera es integrar los diferentes modos de transporte (carretero, aeroportuario, portuario y ferroviario) tal como fue concebido el programa de concesiones 5G o del Bicentenario, pues la multimodalidad impacta positivamente la productividad del país.
Se pide además velar por la sana competencia en la adjudicación de los contratos de infraestructura.
“El buen uso de los pliegos tipo deriva en pluralidad de oferentes, en mayor participación de las firmas de ingeniería en el mercado y, como consecuencia, en procesos transparentes. Se hace imperativo ponerles freno a prácticas elusivas, como los convenios interadministrativos, usados en ocasiones para hacerles el esguince a los pliegos tipo”, afirmó la entidad.
La CCI pide entender la obra pública en infraestructura como un estímulo de crecimiento de las economías. Ya que por cada peso invertido en una obra se generan 2,26 pesos. De igual manera, que se preserve y fortalezca la institucionalidad.
En materia normativa pide que se consideren algunos ajustes orientados a fortalecer la participación privada en la infraestructura pública, como en proyectos sociales (hospitales, centros educativos, cárceles, entre otros). También llama a garantizar la seguridad jurídica para los inversionistas nacionales y extranjeros.Además, solicita evitar que la contratación pública se convierta en instrumento de estímulos particulares y pide implementar nuevas tecnologías en proyectos.