La búsqueda de recursos para desatrasar a Colombia del rezago que tiene en infraestructura vial está dominando el debate del Plan de Desarrollo en el Congreso, el cual se retoma mañana en las comisiones terceras y cuartas.
Fue precisamente en ese escenario donde Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), lanzó una propuesta que puso a pensar a más de uno.
Según el funcionario, así como en el país está establecido el cobro de valorización a nivel municipal y departamental, también se debe cobrar cuando se realicen vías nacionales.
Andrade recordó que esa herramienta de financiación era utilizada hace unas décadas, tras un decreto de 1966 que luego (en el 2003) fue desmontado por un fallo de la Corte Constitucional y ahora “es el momento de volver a retormarlo”.
Los argumentos del presidente de la ANI se amparan en la existencia de grandes propiedades que no tienen vías de acceso, y el Gobierno planea llevarles la conectividad necesaria, a través del proyecto de infraestructura de cuarta generación o 4G, el cual les permitirá ser más productivas.
“Si una extensión de tierra de 500 hectáreas hoy vale 1 millón de pesos por hectárea (500 millones en total), luego de la construcción de un acceso vial queda valorada en 3 millones de pesos por hectárea (1.500 millones), ¿por qué no cobrarle una valorización?”, dice Andrade.
El proponente del cobro de valorización nacional expresa que es consciente de que una medida de estas debe ser ampliamente debatida y consensuada, principalmente para proteger a los pobres. “Su aplicación estaría dirigida exclusivamente a las grandes extensiones de tierra, que verían un gran beneficio en reducir horas de transporte para sacar su producción agrícola”, sostiene.
Al decir de Andrade, los recursos públicos empiezan a escasear por culpa de la caída del precio del petróleo, el cual reduce automáticamente las regalías, con las que también se apalancan proyectos viales. No obstante, “la necesidad de modernizar la infraestructura del país no se puede detener”, expresó.
Viabilidad
Una de las primeras dificultades para la iniciativa del presidente de la ANI será la de definir hasta dónde llegan los linderos, cuándo se cobra en local y cuándo en lo nacional.
Si bien la valorización ha sido clave en ciudades como Bogotá, donde ha apalancado el 50 por ciento de la malla vial, para Hernando Arenas, de la dirección técnica de apoyo a la valorización (IDU-Bogotá), la iniciativa de Andrade no sería viable. “La valorización tiene que pasar por un cuerpo colegiado (instancia legislativa, ya sea nacional o territorial), por tratarse de tributos territoriales, que son los que están vigentes”.
Lo cierto es que los recursos que se obtienen por esta vía no son de poca monta. En Bogotá, por ejemplo, en el 2014, por 700.000 predios beneficiados con valorización se obtuvieron recursos por 270.000 millones de pesos y solo hubo 3.000 quejosos que sintieron que era muy alto el cobro en comparación con el beneficio obtenido, expresa el funcionario del IDU.
Ya está en el plan
Aunque, para Andrade, la iniciativa propuesta aún está biche y debe ser madurada en el proceso de aprobación del plan, el representante a la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, dijo no estar sorprendido con la misma.
“Para mí, ya este tema está incluido en el Plan de Desarrollo, el cual, además, tiene una variedad de medidas que no guardan unidad de materia”.
Según el parlamentario, “cuando se habla de fuentes de financiación para sistemas de transporte y se incluye la valorización como una de ellas, ya se está ampliando la destinación de ese recaudo”.
Argumentos de la Corte
Luego de una demanda, la Corte Constitucional tumbó el decreto que existió en el pasado, con el argumento de que la contribución de valorización nacional no encajaba con el principio de legalidad tributaria, según el cual es el Congreso, en virtud del principio de representación de la sociedad, el llamado a definir los elementos esenciales de todo tributo.
En esta ocasión, la medida se propone, precisamente ante el Congreso, y se intentaría dejar aprobada en el Plan de Desarrollo.