El desplome del recaudo y un mayor gasto para afrontar la pandemia han puesto los ingresos tributarios en el peor de los mundos. ¿De dónde saldrá la plata?
La pandemia pateó el tablero fiscal del país. La deuda pública estaba en cerca de 50% del PIB y por la crisis podría superar 65%. El déficit entre ingresos y gastos del Gobierno central ascenderá este año a 8,2% del PIB y la regla fiscal quedó suspendida por dos años.
Actualmente, las grandes economías del mundo le apuestan a recuperarse por medio de estímulos fiscales. Pero en Colombia empezó una de las discusiones más duras e intensas de cada 18 meses: una nueva reforma tributaria.
La situación preocupa. Hace varios días la calificadora Fitch aseguró que si el país no tramita una reforma tributaria estructural, tiene 50% de posibilidades de perder su grado de inversión. Y para empeorar las cosas, recientemente el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dio a conocer que en el primer semestre del año dejó de percibir en impuestos cerca de 1,1 puntos del PIB –$11 billones–, y espera que en la segunda mitad de año el golpe tenga la misma magnitud.
En varios escenarios, el Ejecutivo ha advertido que no entrará en el debate tributario en medio de la pandemia. Sin embargo, se trata de una decisión inaplazable, máxime cuando el Marco Fiscal de Mediano Plazo establece para el año entrante dos hechos fundamentales. Uno, la posibilidad de vender activos por $12 billones (dinero que no recibirá en el corto plazo) y dos, la necesidad de conseguir dos puntos del PIB, unos $20 billones para financiar el presupuesto de 2021.
Tras determinar la urgencia de una reforma fiscal, el Gobierno instaló la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios. Esta evaluará la conveniencia de estos beneficios y, antes de un año, entregará sus recomendaciones según criterios de progresividad, simplicidad y eficiencia del sistema tributario. Como adelantó el ministro Carrasquilla, este será uno de los principales insumos a la hora de plantear la próxima reforma.
Entre los temas por corregir están las múltiples gabelas del sistema tributario. De acuerdo con cifras de la Dian, el costo fiscal de dichos beneficios ascendió a $92,4 billones en 2019.
El Gobierno quiere hacer el quite al debate tributario, al menos por el momento, pero el tema ya se ha tomado una parte importante de la agenda nacional. A tal punto de que hace varias semanas los partidos de oposición, liderados por los verdes, presentaron su propio proyecto de reforma tributaria. Lo hicieron para subsanar las afugias fiscales y también para financiar una eventual renta básica universal.
El proyecto de reforma de la oposición se enfoca en un impuesto progresivo al patrimonio de las personas naturales con patrimonios líquidos de más de $3.000 millones. Así mismo, pretende implementar un impuesto progresivo al patrimonio de las empresas a partir de $43.000 millones, un impuesto progresivo a los dividendos para los pagos superiores a $25 millones y un impuesto a las herencias superiores a $500 millones de entre 10% y 25%. El proyecto también busca eliminar los beneficios tributarios a las empresas, aprobados en la pasada Ley de Crecimiento Económico.
Por otro lado, en el Gobierno parece que le van a apostar a mantener la filosofía de la ley de crecimiento. En efecto, consideran que las empresas deberán impulsar la economía y crear los empleos que el país necesita.
Carrasquilla mencionó la necesidad de “bajar la vara” a las personas naturales y que la mayoría de los beneficios tributarios (cerca de 80%) se concentran en exenciones, exclusiones y tarifas diferenciales de IVA. Esto deja dos alternativas sobre la mesa: más ciudadanos tributando y una eventual generalización del IVA.
El ministro Carrasquilla le quiere seguir apostando por la misma fórmula proempresa de la Ley de Crecimiento.
En diálogo con Dinero, José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, explicó que sea cual fuere la dirección de la próxima reforma, “subir la carga tributaria de las empresas es una muy mala idea: reduce la inversión y genera un clima de negocios que no es propicio para la formalidad”.
Para López sería más viable buscar recursos en otras fuentes como en los impuestos de renta de las personas naturales, por ejemplo. Considera que aún hay un espacio importante que se debe aprovechar. Frente a la generalización del IVA, explicó que es muy difícil políticamente, pero es un impuesto eficiente de fácil recaudo. Además, el país demostró que se pudo hacer la devolución de este impuesto a los más pobres, lo que le resta regresividad. “Muchos países tienen un recaudo del IVA muy superior al de Colombia. Va a ser difícil no considerar una reforma que quite algunas exenciones de ese impuesto”, señaló.
Tocar el IVA, como siempre, no será nada fácil. De hecho, la semana pasada en la Cámara de Representantes la bancada liberal radicó un proyecto de Ley que busca desmontar el IVA de los productos de la canasta familiar para siempre.
La próxima reforma tiene otro riesgo: que lo discutan en época electoral y termine víctima del populismo legislativo. Esto implicaría que nuevamente salga una reforma que no solucione los problemas de fondo. “Determinar el timing es difícil: todavía estamos en medio de la crisis, pero, una vez empecemos la recuperación, se podría hacer una reforma de aumentos progresivos no inmediatos”, puntualizó López.
Es claro que el Gobierno tiene el reto conseguir los $20 billones, mientras mantiene las condiciones favorables para la inversión y el consumo. Esas dos variables van de la mano y marcarán el ritmo de la recuperación.
Solo resta esperar a ver si Duque se la juega por la reforma o si le dejará esta papa caliente al próximo presidente. Sin embargo, hay mucho en juego y mientras más tarde llegue la reforma tributaria, habrá más huecos por tapar. El palo no está para cucharas.