El déficit de Colombia en este campo supera en un 25% lo que la Nación estima gastar en funcionamiento e inversión durante el año que comienza.
El Gobierno cerró el 2019 con un importante número de estudios, diagnósticos e informes en su poder que dan cuenta del estado de asuntos en infraestructura, y más concretamente, en transporte.
El Informe de Rendición de Cuentas del Sector Transporte 2018-2019, indica que para que Colombia supere su rezago histórico en la materia debe invertirse la escalofriante cifra de $340 billones (casi US$100 mil millones), de los cuales cerca del 60%, ($216 billones), deberían destinarse a inversiones en infraestructura de transporte, y cerca del 14%, vale decir unos $47 billones, a desarrollo de infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo.
Como ocurre con muchas cifras agregadas, no siempre resulta tan evidente lo que estas representan. Los órdenes de magnitudes que se encierran tras valores seguidos de tantos ceros impiden formarse una idea clara de lo que significa una necesidad de $342 billones. Para ilustrarlo podría intentar describirse en número de aeropuertos, kilómetros de vías, redes de acueducto y alcantarillado se requiere diseñar, construir, operar y mantener.
Otro enfoque, es el de confrontar esos 342 billones de pesos con el valor del Presupuesto General de la Nación para el año 2020, el cual ascenderá a $271 billones de pesos.
Hecha la confrontación, se obtiene una inquietante radiografía que ejemplifica lo que nos hace falta en infraestructura en Colombia y se requiere destinar al funcionamiento e inversión de todas las áreas que se atienden con los recursos del presupuesto nacional del año entrante. Vale decir, nuestro déficit de infraestructura supera en un 25% lo que la Nación estima gastar en funcionamiento e inversión durante todo el 2020.
Ahora, a pesar del inocultable faltante de infraestructura y de sus repercusiones en materia de competitividad y afectación negativa del crecimiento de nuestra economía, los tamices de la realidad y de la razonabilidad se imponen, pues no es dable fijar como reto de Gobierno (del Estado en realidad) del 2020 la superación de semejante rezago en un solo año. Así, al intentar identificar retos en infraestructura para el 2020, es necesario priorizar.
De manera algo selectiva se deberían realizar especiales esfuerzos que no impliquen en modo alguno abandonar las tareas ordinarias que el Estado ya se hubiere fijado como actividad o meta anual del 2020.
En materia de infraestructura de transporte urge ponerle doliente a la Ruta del Sol para asegurar que uno o varios concesionarios construyan las obras faltantes, finalicen las que quedaron inconclusas y asuman la operación y mantenimiento de tan importante vía que ya empieza a acusar cierto deterioro. Para ello será necesario finalizar la estructuración del proyecto, adjudicarlo con éxito, y que el/los nuevos concesionarios obtengan la financiación, ejecuten las obras y acometan las actividades de operación y mantenimiento requeridas.
El reto fundamental del Gobierno para el 2020 es el de adjudicar el proyecto. Situación y desafíos similares resultan predicables de la denominada Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, cuyo contrato fue afectado por una declaratoria de nulidad.
A este respecto, especial mención merece el hecho de que tanto la Ruta del Sol como la Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, una vez sean nuevamente adjudicadas, tendrán que entrar a la fila de proyectos pendientes de obtener financiación, pues ello de suyo supone un importante desafío adicional.
De otra parte, como presupuesto necesario, pero no suficiente (pues la multimodalidad, por lo que supone en costos de transbordos y otros debe probar ser económicamente eficiente) de una eventual multimodalidad en el transporte en Colombia, que permita integrar a los modos carretero y portuario a otros modos como el fluvial y ferroviario, urge que se finalice la estructuración y adjudicación del proyecto de recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena, contrato caducado hace ya un tiempo por consabidas circunstancias.
Bajo está lógica, constituye reto fundamental del Estado del año entrante adjudicar y dar inicio a la estructuración de los proyectos ferroviarios La Dorada - Chiriguaná y Medellín Puerto Berrío.
En materia de corredores viales de cuarta generación aún subsisten proyectos que no han obtenido sus cierres financieros. Es clave que Estado y concesionarios (APPistas) por igual dediquen importantes esfuerzos para superar las trabas de orden predial, social y/o ambiental que lo están impidiendo, pues la falta de cierres financieros impide la ejecución de las correspondientes obras.
En materia de saneamiento básico, será clave que la administración distrital de Bogotá logre adjudicar el proyecto de la PTAR Canoas en 2020. Este proyecto, cuyo valor de inversión ascenderá a $4.5 billones de pesos, tratará un caudal equivalente al de una piscina olímpica cada dos minutos y estaría diseñado para captar 690 toneladas por día de biosólidos que mientras no se ponga en operación (tendría 60m meses previstos de ejecución) seguirán sin ser tratados.
Finalmente, y sin que dicho reto sea exclusivo del nuevo año, las entidades del orden nacional del sector infraestructura deben mejorar sus porcentajes de ejecución presupuestal. Llaman la atención los bajos niveles de ejecución de los presupuestos de inversión de la Aeronáutica Civil (50% con corte a 30 de septiembre de 2019) y del Invías (71%) (reveladas en el Informe de Rendición de Cuentas antes referido), contrastados con los de otras entidades del sector.
Si al déficit histórico de infraestructura le sumamos una considerable inejecución presupuestal, no solamente no se contribuye a superarlo, sino que se aumenta progresivamente y postergan las soluciones de interés general que intentan atenderse con tales recursos.
Diagnósticos pues no parecen faltarle al Estado. Los retos selectivamente identificados para el 2020 son importantes, pero no insuperables.
post scriptum: Condición necesaria para la obtención de cierres financieros y para ejecución de las obras de infraestructura es el mantenimiento de las condiciones de orden público. Si fuere necesario restablecerlo no deberá temblar la mano del ejecutivo para valerse de los instrumentos constitucionalmente previstos para ello.
César Barrero Berardinelli