Deben ser usados en proyectos que impacten al mismo tiempo aspectos ambientales y de paz.
El impuesto nacional al carbono lo pagan empresas que en su actividad emiten al ambiente gases provenientes de la combustión de gasolina, ACPM, kerosene, ‘jet fuel’, ‘fuel oil’ y gas natural.
Durante el 2017 y hasta septiembre de este año se han recaudado mas de 700.000 millones del impuesto al carbono, creado inicialmente con el objetivo de ayudar a resolver los problemas ambientales del país.
Sin embargo, de ese dinero, que alimentaría el ya desnutrido presupuesto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no se ha podido usar ni un peso.
¿Por qué? Un laberinto de trabas que involucran al Ministerio de Ambiente y el Fondo Colombia en Paz (FCP) han impedido que salgan del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde reposan –según la entidad– los 476.862 millones de pesos recaudados el año pasado, y los 238.339 millones a septiembre de este año como Presupuesto General de la Nación.
Hace unos tres años, el expresidente Juan Manuel Santos, en el marco de la COP21 en París, se comprometió a que Colombia reducirá el 20 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera hacia el 2030. Para ello, el país prometió aumentar la extensión de áreas protegidas, reducir la deforestación, delimitar y proteger los 36 complejos de páramo, cuidar las principales cuencas y realizar planes de mitigación y adaptación al cambio climático para los municipios más vulnerables.
Uno de los instrumentos económicos creados para cumplir con esas metas es el impuesto nacional al carbono, una medida que obliga a las empresas a pagar unos 15.000 pesos por cada tonelada de CO2 emitida a la atmósfera durante sus operaciones, más exactamente por contaminar el ambiente con los gases provenientes de la combustión de gasolina, ACPM, kerosene, jet fuel, fuel oil y gas natural.
Un giro inesperado
Hasta ahí, todo bien. El meollo del asunto empezó en junio de este año, cuando el Congreso de la República aprobó la ley de páramos y modificó el artículo 223 de la reforma tributaria. Este cambio implicó que lo recaudado por el impuesto nacional al carbono ya no iría al Fondo Colombia Sostenible (como se planteó inicialmente), sino al Fondo Colombia en Paz. Se pactó que el 25 por ciento del dinero iría directamente a manejar la erosión costera, conservar ecosistemas estratégicos y al cuidado de fuentes hídricas; un 5 por ciento, a fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y el 70 por ciento restante se destinará al posconflicto “con criterios de sostenibilidad ambiental”.
Ante esta situación, el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra escribió en su momento: “El Gobierno Nacional le torció el pescuezo a la ley. ¿Por qué diablos los programas del acuerdo de paz se tienen que financiar con los recursos para enfrentar el cambio climático?”.
El ambientalista Juan Pablo Ruiz, por su parte, también criticó la medida: “Esto no es un mico nativo, es un orangután internacional que genera indignación y vergüenza. Minambiente está tan debilitado que ya ni defiende su presupuesto”. La controversia creció, y hay malestar en el sector.
Para Mary Gómez Torres, directora del Fondo Colombia Sostenible (FCS) –una de las 13 subcuentas que maneja el Fondo Colombia en Paz–, el hecho de que la mayor tajada del pastel ahora vaya al posconflicto no es una barrera para cumplir con ambos objetivos: construir la paz y promover el desarrollo sostenible.
Según le explica a EL TIEMPO, el FCS no recibe ni un peso del recaudo al impuesto nacional al carbono, sino que se financia con cooperación internacional de Noruega, Suiza y Suecia a través de un mecanismo de pago por resultados. En otras palabras: si se cumplen con las metas, se desembolsa el dinero.
Hasta el momento, dice Gómez, han recibido 18,6 millones de dólares (la idea es alcanzar los 210 millones), que se destinarán, hasta el próximo año, a desarrollar proyectos en los municipios priorizados por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Se apoyarán iniciativas de REDD+ en el Pacífico colombiano, de gobernanza forestal en lugares donde se explota madera de manera legal, de producción sostenible dentro de la frontera agrícola, de restauración en el PNN La Macarena, de conservación y pago por servicios ambientales y otras.
Entonces, ya sabiendo que la ley ordena que el 70 por ciento del recaudo vaya al posconflicto, surgen otras preguntas: ¿a qué proyectos se está destinando concretamente ese dinero? ¿Y cuáles son los criterios ambientales que el FCP está usando?
Esto no se ha hecho, en parte porque no hay suficiente presión
de las entidades que lideran los temas de paz y ambiente.
EL TIEMPO consultó al exministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, quien dice que le “parece” que alcanzó a dejar “un borrador” con esos lineamientos, pero “no estoy seguro”, pues lo “más correcto era que lo hiciera el gobierno entrante”. Sin embargo, luego de consultar a distintas fuentes, que piden reserva de su nombre, nadie dio razón de ese borrador que ayudaría a acelerar la transferencia de los recursos a la cartera verde y al FCP.
Este medio insistió en hablar con un vocero del Minambiente para saber si ya había una directriz en el tema y nunca hubo respuesta.
Para Carolina Urrutia, representante de las organizaciones ambientales en el Consejo Nacional de Planeación “esto no se ha hecho, en parte porque no hay suficiente presión de las entidades que lideran los temas de paz y ambiente y en parte porque para el Ministerio de Hacienda es muy cómodo que los recursos se vayan a la bolsa del Presupuesto General de la Nación. Lo importante es que se establezcan ya los canales para que los recursos se ejecuten de acuerdo con la ley y se defina si hay o no retroactividad sobre su destinación”.
Si el presupuesto del sector ambiental de por sí ya es flaco y el posconflicto requiere una alta inversión (muy particularmente en las zonas rurales donde se libró la guerra), ¿por qué no le ponen acelerador?
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TATIANA PARDO IBARRA