El sector empresarial necesita la superación pronta de la actual crisis sociopolítica, pero también ayudas económicas para levantarse de este golpe.
Apocos días de llegar a un mes de protestas y bloqueos, el Valle del Cauca y todo el suroccidente del país registran los peores balances en términos de afectaciones sociales, pérdidas económicas y actos de violencia.
Prácticamente desde la primera semana de las marchas, Cali y su área metropolitana se convirtieron en epicentro de las legítimas expresiones del descontento de jóvenes y otros grupos sociales, así como de lamentables muestras de vandalismo contra la infraestructura pública, bloqueos ilegales, 123 ataques a la Misión Médica, entre otras manifestaciones violentas.
A la par de un trágico saldo en vidas y muchos heridos, el impacto a las actividades económicas de esa importante región del país han sido catastróficos. De acuerdo a cálculos de la Cámara de Comercio de Cali, las pérdidas en el Valle del Cauca ascendían la semana pasada a unos 2,5 billones de pesos. Hoy, cuando el Gobierno estima en más de 10 billones de pesos los costos de casi un mes de paro nacional, este monto debe ser hoy aún mayor.
Reportes de las autoridades ratifican que desde el 28 de abril se han registrado unos 2.284 bloqueos de vías en casi 300 municipios del territorio. A pesar de haber levantado en días recientes más de 840 cierres, persisten 30 bloqueos severos en los departamentos del suroccidente como Huila, Nariño, Cauca y el corredor hacia el puerto de Buenaventura. En uno de esos se presentó el fallecimiento de una bebé que estaba siendo transportada de urgencia en una ambulancia.
De hecho, en un reciente sondeo de la Cámara de Comercio el 17 por ciento de las empresas del Valle del Cauca se encuentran hoy paralizadas. Tres de cada cuatro negocios reportaron operaciones parciales con una capacidad promedio del 36 por ciento. Casi el 75 por ciento de las compañías reportaron problemas de movilización de sus trabajadores y dos de cada tres, problemas con el abastecimiento de insumos y materias primas.
Ingenios, marcas confitería, cementeras, constructoras, medianos y pequeños establecimientos, negocios agroindustriales y cafeteros, el puerto de Buenaventura y buena parte del tejido empresarial vallecaucano, caucano, nariñense y huilense está experimentado una asfixia inaceptable que dejará profundas secuelas en al aparato productivo regional. Además, podría terminar debilitando la capacidad de la economía de alcanzar, e incluso superar, el crecimiento de alrededor del 5 por ciento del PIB esperado para este 2021.
La situación tanto en el Valle del Cauca como el resto de la región suroccidental requiere que las conversaciones entre el Gobierno y los promotores del paro avancen a una mayor velocidad y empiecen a generar resultados tangibles. En especial, que la mesa de negociaciones produzca decisiones que se traduzcan en el fin de los bloqueos ilegales a las vías y que las autoridades retomen el control de carreteras para asegurar el flujo de bienes, mercancías, personas y servicios.
Además de la autoridad para el retorno a la normalidad en las actividades productivas, las empresas vallecaucanas requieren de un respiro en materia de ayuda financiera para sobrevivir esta situación. Las disrupciones al tejido empresarial y a tantas cadenas de valor, que incluyen cierre de operaciones, suspensión de actividades, pérdida de producción, despidos de empleados- no se resolverán el día después del levantamiento de los bloqueos ilegales.
El sector empresarial del Valle del Cauca necesita la superación pronta de la actual crisis sociopolítica, pero también un respiro económico que le permita levantarse de este golpe.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER