Superindustria impone multa de $ 28.264 millones a 20 transportadoras por cartelizarse

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Con artimañas las empresas lograron hacerse a más de 33  contratos públicos entre 2014 y 2020.

Al menos 20 empresas de transportes especiales y 26 personas naturales, que prestan servicios a diferentes entidades del Estado, que lograron hacerse a de manera amañada a 33 contratos públicos entre el 2014 y el 2020, tendrán que pagar una millonaria multa que supera los 28.264 millones de pesos, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lograra comprobarles el uso de dichas a prácticas anticompetitivas, según lo dió a concer la autoridad del mercado. 

"La obtención de material probatorio de los celulares, equipos de cómputo y de correos electrónicos de los investigados fue determinante para demostrar la existencia de las conductas anticompetitivas", precisó el órgano de control.

Las 20 compañías prestan servicio especial de transporte a diferentes entidades del Estado y según la SIC, sus directivas gestionaron ventajas competitivas ilegales ante personas vinculadas a la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, participado en el direccionamiento de procesos de selección contractual y coludido en procesos de contratación estatal. La autoridad también informó que al igual que a esas empresasm, sancionó a 26 personas naturales que actuaron como facilitadoras de la conducta. 

Luego de las investigaciones adelantadas, la Superintendencia encontró una serie de chats entre algunos investigados y personas vinculadas a la Super transporte y el Ministerio de Transporte en las que se evidenció que se tramitaron de forma preferente distintos documentos que eran requeridos para participar en procesos de contratación estatal, lo cual permitió que algunas empresas obtuvieran una serie de ventajas competitivas ilegales frente a otros agentes del mercado que no contaban con ese tipo de privilegios.

 

Otras pruebas comprometedoras

La autoridad del mercado señaló, además, que conoció una serie de pruebas que vinculan al direccionamiento de procesos de contratación a algunas empresas que prestan el servicio de transporte especial y personas vinculadas al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Alcaldía del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, la Secretaría Distrital de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, la Agencia Nacional del Espectro y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, quienes habrían ayudado a favorecer a las empresas sancionadas en ocho procesos de selección.

Otra de las conductas sancionadas por la Superindustria se relaciona con un acuerdo colusorio que se presentó en cerca de 18 entidades del Estado, entre las que se destacan el Ministerio de Transporte, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Fonade (hoy Enterritorio), las alcaldías de Bogotá, Envigado y Armenia, entre otras.

La Superintendencia, en ejercicio de las facultades, recaudó elementos probatorios de equipos de cómputo, celulares y correos electrónicos que le permitieron comprobar la existencia de la conducta anticompetitiva, la forma en que las empresas investigadas ejecutaron su actuar ilegal y los mecanismos de seguimiento que adoptaron para vigilar el cumplimiento de su comportamiento anticompetitivo, señaló la entidad.

Las multas impuestas por la SIC, que ascienden a más de 28.264 millones de pesos se distribuyen así: para las 20 empresas sancionadas, un total de 21.449 millones y oscilaron entre 62,4 millones y 5.748 millones. 

Para las 26 personas naturales que colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron o toleraron las conductas anticompetitivas, las multas ascienden a un total de 6.815 millones de pesos y oscilaron entre 304.876 pesos y 3.318 millones.

La Superindustria dejó claro que contra ese acto administrativo procede recurso de reposición ante la entidad.

Fuente: 
El Tiempo

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Circular No.
031 – 2022

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