Expertos señalan cómo la infraestructura vial, la ausencia de policías de tránsito y el estado de los vehículos influye en los siniestros viales con víctimas fatales en Cundinamarca. Según la Liga Contra la Violencia Vial, en 2023 han muerto 733 personas en siniestros que involucran transporte de carga en Colombia.
La muerte de Martha González, subgerente científica del Hospital de Cota, quien perdió la vida en medio de un siniestro vial en la noche del martes 4 de julio, se suma a la lista de personas fallecidas en las carreteras de los municipios de Cundinamarca, departamento que registró el pasado lunes festivo, 3 de julio, alrededor de cinco accidentes de tránsito.
González fue víctima de un choque provocado por un tractocamión, vehículo que se habría quedado sin frenos y estrellaría al carro en el que iba ella, ocho personas más resultaron heridas. Para Edder Velandia, profesor de la Universidad de la Salle y experto en ciudades y movilidad, los siniestros se presentan por factores humanos, técnicos y ambientales.
“En ingeniería, se habla del factor humano, como lo son el exceso de velocidad, conductores tomados o bajo el efecto de otras sustancias; conductores sin la idoneidad o sin licencias de conducción; y por el incumplimiento de las normas de tránsito o el cansancio”, explica.
Asimismo, señala que el factor vehicular (técnico) se asocia a las situaciones en las que un carro no es apto para circular, “no cuenta con revisión técnico-mecánica, tiene deficiencia en frenos, llantas en mal estado o va sin luces. También está el factor ambiental, en las situaciones que hay lluvias, derrumbes, arena o material en el suelo, corrientes de agua en las carreteras, caída de rocas o árboles”, agregó Velandia.
Las vías en Cundinamarca
De acuerdo con Velandia, existen corredores viales en este departamento que fueron diseñados hace más de 40 años, las cuales en su momento fueron una buena solución para la movilidad, sin embargo, “tanto la normativa se ha ajustado y las exigencias en las vías han aumentado, reconociendo un mayor número de vehículos y especialmente motocicletas”.
Para Mary Bottagisio, fundadora y directora de la Liga Contra la Violencia Vial, Cundinamarca tiene unos problemas de infraestructura violentos, “pero sobre todo tiene una impunidad que reina. En este departamento la gente siente que no tiene que respetar las normas, que no tiene que ir a la velocidad indicada. Hoy en ninguna aglomeración la velocidad puede superar los 50 km/h, sin embargo, Cundinamarca no ha empezado a votar esos límites”.
Por ejemplo, en el caso de Martha González, Bottagisio señala que el estado de la vía Bogotá-La Mesa es aceptable, sin embargo, influyó el tractocamión. “En Colombia, la ley Julián Esteban advirtió sobre los reglamentos mundiales de armonización vehicular, ya que, en este caso o en otro, puede que el conductor se haya dormido, pero se pudieron habilitar los dispositivos tecnológicos que han sido desarrollados hoy para un momento así, en el que se dispara, por ejemplo, el frenado autónomo de emergencia”.
“Sin embargo, ¿cuántas tractomulas hemos visto con faldones? Todo esto son tecnologías que pueden salvar vidas y prevenir estos siniestros. Pero acá no son obligatorias, y ahí el Gobierno está fallando porque no reglamenta. Todo falla, el vehículo, el conductor, la infraestructura”, agregó la directora de la Liga Contra la Violencia Vial, organización que ha registrado 733 personas fallecidas este 2023 en siniestros que involucran el transporte de carga.
Frente a esto, Velandia señala que algunos de estos vehículos de carga y buses que llevan pasajeros, tienen características inadecuadas para la infraestructura que existe. “Estos hechos demuestran la necesidad de diagnosticar desde el diseño, la calidad de la infraestructura y los mecanismos para aumentar la seguridad vial la red vial departamental, incluso, en las mismas vías primarias concesionadas por la ANI e Invias”, compartió el profesor de la Universidad de la Salle.
Sin embargo, el invierno también sería otro factor en los accidentes de tránsito en Cundinamarca. “Este deteriora los sectores vulnerables de los corredores viales, y es un hecho recurrente, por lo que se requiere de acciones rápidas de atención, que por diferentes causas demoran en su mejora y colocan en riesgo a cualquier actor vial, especialmente a los más vulnerables”, señaló Velandia.
El papel de las instituciones y autoridades
Para el experto en movilidad, se debe fortalecer las capacidades institucionales y el recurso humano para que haya mayor presencia en las vías.
“Sabemos que el colombiano promedio se comporta mejor con el policía al lado y el fin de semana pasado demuestra que mayor presencia y control genera mayor caza de infractores, mejores comportamientos viales y menos siniestros. Hay municipios con oficinas de tránsito, pero otros sin ese apoyo porque no tienen recursos para tener agentes o policías al frente”, agregó Velandia.
Según Mary Bottagisio, el puente de festivo del 3 de julio es uno de los más peligrosos, por las fiestas de San Juan, San Pedro y San Pablo, fecha en la que se registraron 3′271.990 vehículos que pasaron por peajes en todo el país.
“Hay bastantes celebraciones en muchos pueblos y eso se mezcla con el consumo de licor, pero ahí la pregunta es, ¿dónde está la Policía o los guardas de tránsito? Digamos que los alcaldes tampoco quieren sacrificar su popularidad por estar haciendo controles, además la venta de alcohol y las festividades generan ingresos para un municipio, entonces hay mucha hipocresía”, afirmó Bottagisio.
Finalmente, Velandia señala que también se debe darle importancia a la rapidez con la que se están atendiendo estos accidentes, para él, se debe revisar el sistema de respuesta por parte de las concesiones, las autoridades territoriales y la misma Gobernación de Cundinamarca.
“Todo esto implica inversiones y tiempo, ya que los ajustes no se harán de la noche a la mañana, pero es conveniente que haya planes que no sean saboteados o no ejecutados por alcaldes y gobernadores”, agregó el profesor de la Salle, y con esto Bottagisio coincide, para ambos, se debe dejar la política a un lado y priorizar la vida, la competitividad, la seguridad y la protección ambiental.