La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) presentó este miércoles una serie de recomendaciones a Colombia de política en diferentes aspectos en los que plantea varios puntos que van en dirección contraria a la reforma laboral que el Gobierno lleva por segunda vez al Congreso.
La organización, de la que hace parte Colombia, presentó el documento ‘Apuesta por el crecimiento 2023’, en el que analiza las prioridades de reformas estructurales de los países miembros y sugiere cómo llevarlas a cabo.
En el bloque de inclusión, protección social y envejecimiento, la Ocde afirma que en Colombia “los altos cargos sobre el trabajo formal sustentan la informalidad laboral”.
Según el documento, el país debe “establecer una estrategia integral para fomentar la formalización, incluyendo menores costos no salariales, una aplicación más estricta y mejoras en la administración tributaria”.
Igualmente, la Ocde recomienda “reducir la carga fiscal sobre los ingresos del trabajo formal, trasladando gradualmente la carga financiera de la protección social hacia la tributación general, en particular ampliando la base del impuesto sobre la renta personal”.
Las observaciones de la Ocde contrastan con los planteamientos de la reforma laboral en el sentido de incrementar los pagos de recargo nocturno y de recargo dominical, que, de acuerdo con varios gremios, les dificultaría en adelante la generación de empleo formal.
De acuerdo con Mauricio Santamaría, presidente del centro de estudios Anif, “los impuestos a la nómina combinados con un salario mínimo que equivale a un porcentaje muy alto del salario medio generan una exclusión. Como no se puede cotizar a seguridad social si se gana por debajo del mínimo, por ley dejamos a la gente por fuera de la seguridad social”.
El economista agrega que le “parece muy bien que la Ocde lo esté diciendo”.
El documento de la Ocde se conoció dos días después de que el Gobierno había dicho que esa organización respaldaba la reforma laboral.
“Lo peor –dice Santamaría al seguir comentando el documento de la Ocde– es que la reforma hace exactamente lo contrario: le sube los privilegios a la gente que ya está empleada volviendo más caro acceder a la formalidad a los desempleados e informales”.
En ese sentido, el informe de la Ocde advierte que la informalidad, afecta al 60 por ciento de la fuerza laboral, e “impide a los trabajadores acceder a beneficios de seguridad social como las pensiones, que benefician desproporcionadamente a los más ricos”.
Veerle Miranda, directora de Empleo y Asuntos Sociales de la Ocde, había dicho tras un encuentro con el Gobierno que “la informalidad, la negociación colectiva, los derechos de los trabajadores, inspección laboral y por supuesto la violencia contra sindicatos” son asuntos de mucha importancia para la organización.
En su documento de ayer, la Ocde plantea reducir la carga fiscal sobre los ingresos del trabajo formal, trasladando gradualmente la carga financiera de la protección social hacia la tributación general, en particular ampliando la base del impuesto sobre la renta personal.
También señala que “la pandemia ha puesto de relieve importantes brechas en la protección social” y califica de muy fragmentados los programas de apoyo a los ingresos en el país.
Dentro de las recomendaciones, propone fusionar los programas de transferencia de efectivo en un solo beneficio para los hogares pobres “manteniendo al mismo tiempo las condicionalidades”.
De otro lado, en cuanto al funcionamiento de los mercados de productos y de trabajo, la Ocde advierte que el crecimiento de la productividad se rezagó frente a otros países de la región, y la competencia es débil.
“Las regulaciones en los mercados de productos, las barreras administrativas y los altos costos de registro de empresas restringen la entrada al mercado de empresas formales y obstaculizan la competencia”, apunta el informe de la organización.
Añade que la baja apertura comercial ofrece una alta protección a algunos productores nacionales, a menudo caracterizados por una baja productividad. Igualmente, dice que la justicia tarda en resolver disputas civiles y hacer cumplir los contratos.
Por lo tanto, pide fortalecer el desempeño del sistema judicial, mejorando la automatización de los tribunales y las herramientas electrónicas de gestión de casos y reduciendo los aplazamientos.
Dentro de otras sugerencias, pide reducir las barreras regulatorias nacionales al emprendimiento y la entrada al mercado, y también reducir las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, “empezando por aquellos elementos donde las barreras actuales son más altas”.
Sobre el cambio climático, dice que la deforestación del Amazonas y otras zonas ha aumentado. En consecuencia, “alcanzar los objetivos actuales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero requerirá mayores disminuciones en la deforestación”.
Sobre este punto, agrega que la información catastral está desactualizada, la informalidad de la tierra es alta y un registro de tierras irregular fomenta la deforestación oportunista. Propone, entonces, incrementar los recursos dedicados a las actividades de aplicación de la ley contra la deforestación para seguir más casos de deforestación detectada.
MAURICIO GALINDO