Con el despeje de dudas y la posibilidad de reiniciar el contrato para la construcción del túnel del Toyo, finalizó ayer el proceso de análisis que realizaron las mesas de trabajo entre entes de control, Gobernación de Antioquia y contratista del proyecto.
El procurador, Alejandro Ordóñez, quien lideró las mesas, entregó detalles, en exclusiva para EL COLOMBIANO, sobre el megaproyecto, la revisión de los contratos para este y la conclusión del análisis.
¿Cuál es su apreciación final del proyecto y los contratos para el mismo?
“El túnel de El Toyo hace parte de los 9 proyectos de las Autopistas para la Prosperidad, las cuales impactarán directamente a 36 municipios de Antioquia, por lo que es un obra trascendental para el país. La Procuraduría General de la Nación realizó acompañamiento preventivo actuando como un tercero imparcial que facilitó el acercamiento de las partes del convenio interadministrativo de colaboración, con la finalidad que se lograran consensos, frente a las inquietudes presentadas por funcionarios de la Gobernación de Antioquia, relacionadas especialmente con el proceso licitatorio, el contrato de obra y el contrato de gerencia integral, suscritos por la administración departamental, buscando garantizar los derechos de los ciudadanos y el interés colectivo”.
¿Qué tipos de ajustes se acordaron para que el gobernador Luis Pérez aceptara seguir con la obra?
“La Gobernación de Antioquia, como entidad contratante, es la llamada a tomar las decisiones pertinentes frente a la ejecución de los contratos suscritos y será esta la que evalúe de manera juiciosa y responsable las consecuencias de orden jurídico, económico y técnico acerca de la decisión de continuar o no con la ejecución de los mismos habida cuenta de las normas contractuales aplicables y el cumplimiento de las obligaciones contraídas”.
¿Aquí termina su participación en el proceso para la construcción del túnel?
“No, en la reunión de cierre se señaló que si la Gobernación de Antioquia y el contratista toman la decisión de suscribir un otrosí al contrato de obra pública, se estará atento a observar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones adquiridas por las partes, dentro de las competencias propias de la función preventiva”.
La Procuraduría y Contraloría llegan a conceptos tan diferentes en un proceso. Por un lado la Contraloría Departamental con 25 hallazgos de supuestas irregularidades, y por otro la Procuraduría regional diciendo que todo estaba ajustado a la normatividad...
“En primer lugar, se trata de órganos de control con funciones y competencias diferentes. En el caso particular, la actuación desplegada por la PGN corresponde a su función preventiva la cual no implica en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas. La Procuraduría podrá, si lo considera procedente, dar inicio a las correspondientes actuaciones de carácter disciplinario, realizadas con ocasión del desarrollo de las etapas precontractual y contractual concernientes con el Proyecto del Túnel del Toyo.
¿Considera que los contratos se ajustan a la ley?
“(...) Hasta tanto un juez de la República emita pronunciamiento frente a la nulidad de contratos o suspenda sus efectos se debe considerar que los actos y contratos están cobijados por esta presunción legal”.
¿Hay procesos en contra de exfuncionarios de la Administración por los contratos firmados?
“Estamos dentro de la actuación preventiva y se están analizando si se considera procedente, dar inicio a las correspondientes actuaciones de carácter disciplinario, realizadas con ocasión del desarrollo de las etapas precontractual y contractual concernientes con el Proyecto del Túnel del Toyo.