El saldo trágico que están dejando los siniestros viales en el país puede llegar a convertirse en un problema de salud pública. Si es que ya no lo es. Las cifras dadas a conocer recientemente por la Policía dan cuenta de 41.147 accidentes de tránsito ocurridos en el 2022 que dejaron 8.358 personas fallecidas y más de 49.000 lesionadas. Lejos de bajar, estos números aumentaron. El año pasado se registraron 11.000 accidentes más que en el 2021, un incremento del 35 por ciento, y de 6,8 por ciento en víctimas fatales y 37 por ciento de heridos. Entre 2009 y 2022 han muerto 82.868 ciudadanos por esta causa.
No es exagerado, entonces, señalar que una conducta que arroja semejantes indicadores, superiores a los que cada año deja el conflicto armado –en 2021 hubo 132 bajas, frente a 7.434 muertes viales– y cercanos al total de homicidios que se cometen en el territorio nacional, es para tomársela en serio. Colombia está convirtiendo sus carreteras en un extenso cementerio a causa de la irresponsabilidad, la impericia y el exceso de velocidad. A esto se añaden el mal mantenimiento de los vehículos, vías en mal estado y la imprudencia de los transeúntes.
Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los jóvenes de entre 20 y 25 años están poniendo la mayor cuota de las fatalidades. En ese rango de edad se encontraban los 889 hombres y las 167 mujeres que perdieron la vida el año pasado, mientras que otros 1.418 hombres y 273 mujeres tenían edades entre los 25 y los 35 años. Esto significa que el futuro de miles de personas, sus sueños y capacidades, su aporte al país, quedan truncados como consecuencia de hechos que seguramente pudieron haberse evitado al transitar con cuidado.
Cuando se pone la lupa en ciudades grandes y pequeñas, el panorama es poco alentador. Cartagena, con 132 muertes en accidentes de tránsito en 2022, lidera la tasa de fallecidos con 12,5 casos por cada 100.000 habitantes; le siguen Cali (274), con 12 por cada 100.000; Medellín (217), con 8,3; Barranquilla (101), con 7,7, y Bogotá, con 538 y una tasa de 6,8 por cada 100.000 habitantes. La capital no ha logrado volver a las cifras anteriores al 2021, y el incremento de su parque automotor, particularmente de motos, agrava la situación.
Entre los municipios pequeños, sorprenden las altas tasas de muertes en accidentes viales que muestran Mocoa, Yopal, San Andrés, Villavicencio y Riohacha, por encima de 20 casos por cada 100.000 habitantes. Y, de nuevo, son los motociclistas y peatones los principales damnificados. La misma Agencia de Seguridad Vial destaca que 6 de cada 10 accidentes registrados en el país tienen como protagonista a este modo de transporte, seguido de transeúntes y ciclistas. Lo que más debería preocupar a las autoridades es que cuanto mayor sea el incremento de formas de movilidad como la bici o la moto, mayor será el saldo trágico, por lo que resulta indispensable que no se eludan debates necesarios como una mayor presencia de autoridades de tránsito en los 700 municipios que adolecen de ella, más controles y menos gabelas a las motocicletas, más protección a ciclistas y peatones, además de una intensificación de las campañas pedagógicas en los principales corredores viales del país.
Colombia está convirtiendo sus carreteras en un extenso cementerio a causa de la irresponsabilidad, la impericia y el exceso de velocidad. A esto se añade el mal estado de varias vías
Capítulo aparte, pero íntimamente ligado a lo anterior, lo constituye el de la infraestructura. Ahora que los colombianos volvieron a viajar por carretera, muchos pusieron en evidencia el pésimo estado de varias de ellas, a las que se les han invertido billones de pesos, como también la poca o nula señalización presente y la falta de información relevante que permita saber acerca de su seguridad a la hora de movilizarse.
En entrevista con este diario, el ministro del ramo, Guillermo Reyes, afirmó que el Gobierno tiene conocimiento de esta situación y ya ha emprendido acciones como la de garantizar que exista autoridad de tránsito en buena parte del territorio nacional, y que se ha asumido el mantenimiento de la estructura vial de la Ruta del Sol, entre otras, para reparar los daños que presenta.
Insistimos: el panorama de la siniestralidad vial en el país es altamente preocupante. Allí están dejando sus vidas colombianos y colombianas, jóvenes, trabajadores, estudiantes o simples visitantes cuyo destino no puede estar marcado por circunstancias que, como decíamos, son altamente prevenibles. La responsabilidad de las autoridades en garantizar una red vial nacional segura es de altísima prioridad, no da espera; pero de igual magnitud son el deber y la obligación que corresponden a cada actor vial para adoptar las medidas que le sean propias a fin de garantizar su desplazamiento seguro. La imprudencia y, muchas veces, la necedad están costando vidas, lesiones permanentes y una carga de dolor para miles de familias.