En momentos de vacas flacas, entes territoriales cuestionan las exenciones a vehículos de transporte público, de carga y de pasajeros. ¿Es hora de ponerlos a pagar?
La discusión sobre la nueva tabla de avalúos para vehículos sacó a la luz pública las sensibilidades que este gravamen genera entre los contribuyentes y las fallas que persisten para definir la base sobre la cual cobran este impuesto los municipios y departamentos del país.
Pero también dejó en claro que este impuesto en particular presenta un nivel de inequidad muy alto. La propia ministra de Transporte, Natalia Abello, trajo el tema a colación durante las discusiones sobre la polémica tabla cuando a mediados de febrero, durante una entrevista en el programa Pregunta Yamid,aseguró que de los 12 millones de vehículos registrados, incluidos automotores y motocicletas, menos de la mitad paga efectivamente este impuesto.
La funcionaria dijo en el programa que de los 12 millones “alrededor de 5 millones y medio pagarán –este año– ya que la ley cobija la excepción para el transporte público de pasajeros, el transporte público de carga y las motos de menos de 125 cc de cilindraje”.
Se refiere a la Ley 488 de 1998, que creó el impuesto sobre vehículos automotores y sustituyó el impuesto de timbre nacional, al tiempo que cedió esta renta desde el gobierno central hacia los entes territoriales. Desde ese momento, la mayoría de vehículos de servicio público, de carga y de pasajeros no paga este impuesto.
Esto implica que hoy cerca de 6,5 millones de vehículos, de los 12 millones que usan las vías en el país no pagan impuestos, y son los carros particulares y las motos de más de 125 cc los que contribuyen con el gravamen.
Para Oliverio Enrique García, presidente de Andemos, el gremio de los distribuidores de vehículos, de los exentos de pagar el impuesto de vehículos alrededor de un millón son de servicio público de pasajeros –buses y taxis tanto locales como intermunicipales–, unos 300.000 están en el transporte de carga y 5,2 millones son desde motocicletas de menos de 125 cc hasta maquinaria agrícola e industrial.
Por eso, en la actual coyuntura, cuando los entes territoriales han visto mermados sus ingresos por cuenta del apretón que registra la economía del país, hay quienes comienzan a preguntarse si no es hora de ponerle fin a una exención inequitativa. De hecho, hoy nadie sabe por qué se mantiene esta excepción, lo que ha motivado a algunos expertos a plantear si es hora de eliminar estos beneficios.
Para García, de Andemos, es posible que en los inicios de la exención esta tuviera algún carácter social, o buscara de alguna manera promover la prestación del servicio público, ya fuera de carga o de pasajeros. Sin embargo, cree que, debido al crecimiento que ha tenido este sector, ya no se justifica.
Por eso, el presidente de Andemos considera que este es un buen momento para que el país reflexione sobre este gravamen y se dé un debate serio en torno a la conveniencia de mantener beneficios para un elevado número de vehículos y motos.
El experto en temas tributarios Javier Hoyos Arboleda, socio de la firma Gestión Legislativa y Gobierno, considera que en las condiciones actuales de dificultades fiscales en municipios y departamentos “no se justifica la exención, en la medida en que esos vehículos son de propiedad privada, así estén asociados a un servicio público de transporte”.
En este punto coincide Amylkar Acosta, presidente de la Federación de Nacional de Departamentos. Cree que la discusión sobre este asunto debe darse una vez se solucionen –por fin– los problemas generados por la nueva tabla de avalúos contratada por el Ministerio de Transporte que debía entrar en vigencia este año, y que tras dos meses de cuestionamientos por fin podría ser adoptada a partir de marzo.
Para Acosta, los gobernadores son de la idea de ampliar la base, “pero a veces lo urgente desplaza lo importante, y una vez se salga del problema de la tabla, analizaremos los temas que tienen que ver con la ampliación de la base y la facultad para que los gobernadores puedan inmovilizar vehículos con altos índices de mora en el pago de sus impuestos”.
Este último tema es otro frente en el que quieren trabajar los gobernadores, pues en departamentos como Valle y Antioquia este es un tema crítico: vehículos que llevan dos y más años sin pagar impuestos y que siguen rodando sin problemas porque no existe un decreto que faculte a los gobernadores a inmovilizar los vehículos de propietarios renuentes al cumplimiento de este gravamen.
Pero, ¿cómo modificar este esquema fiscal para que más vehículos que usufructúan las vías hagan su contribución? Para Hoyos Arboleda, de la firma Gestión Legislativa y Gobierno, por tratarse de un impuesto nacional con renta cedida, cualquier modificación debe hacerse en el Congreso.
“Las entidades territoriales podrían proponer un cambio legislativo que establezca que la propiedad del impuesto es de ellos –departamental, distrital o municipal–; en este evento, habría que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 294 de la Constitución Política, según el cual, la ley no puede conceder exenciones ni tratamientos diferenciales en los impuestos territoriales”, asegura Hoyos.
Por su parte, Silvia Reyes Cepeda, socia de Gestión Legislativa y Gobierno, añade que en todo caso “sería clave tener en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Expertos Tributarios relativas a evitar la dispersión normativa y tarifaria que ocurre con los tributos territoriales, de manera que, en caso de asignarles la propiedad del impuesto, indique claramente los elementos esenciales del tributo”.
El campanazo de alerta que han sentido los entes territoriales frente a la disminución de sus ingresos fiscales podría marcar el inicio de un cambio en el tema de exenciones tributarias. Los legisladores tienen la palabra.
Bogotá, la excepción
Desde la expedición de la Ley 14 de 1983, Bogotá tiene como fuente de ingresos corrientes el impuesto a los vehículos automotores, explicaron voceros se la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD). Esto porque desde que se expidió esta ley, la Nación cedió a los departamentos, intendencias, comisarías y al distrito capital los recursos por este concepto. Tras varias modificaciones, en 1998 se expidió la ley que unificó los distintos gravámenes.
De hecho, el año pasado, de un total de 1’920.518 vehículos registrados en Bogotá, 1’299.760 de vehículos pagaron. La cifra restante corresponde a tractores, maquinaria agrícola e industrial.En cuanto a las motocicletas, de las 438.459 registradas, pagaron 168.164 de ellas, pues las restantes son de menos de 125 cc y solo pagan impuesto de semaforización. En 2015, el Distrito recibió cerca de $500.766 millones por el pago de impuestos de vehículos.