Los aspectos más destacados de un plan para mitigar la disparada en comida y en combustibles por parte del empalme económico sería bienvenido.
El pasado fin de semana recorrieron el mundo las impactantes imágenes de cientos de ciudadanos que invadieron la residencia presidencial en Colombo, la capital de Sri Lanka, y forzaron la renuncia y posterior escape del jefe de gobierno de la isla índica. Casi que en simultánea argentinos marcharon por Buenos Aires y otras ciudades del Cono Sur para protestar tanto contra el manejo económico del gobierno como contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pocas semanas antes una ola de protestas en contra del presidente Guillermo Lasso por más de dos semanas golpeó la vecina nación de Ecuador. Alrededor del planeta, desde Marruecos hasta Indonesia y desde Alemania hasta Arabia Saudita, la disparada en los precios de los combustibles y de los productos básicos está golpeando los bolsillos de miles de millones de hogares y, en el caso de los países más pobres, elevando la inseguridad alimentaria.
De acuerdo a organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el planeta se encuentra hoy a las puertas de una crisis generalizada de alimentos. Estos entes de Naciones Unidas estiman para el segundo semestre de este año un “empeoramiento del hambre aguda”.
La guerra rusa en Ucrania no hizo más que recrudecer la carestía de la comida y añadirle la crisis energética. La zona donde se desarrolla actualmente este conflicto bélico es literalmente una despensa internacional de trigo y otros cereales, junto a la producción de las materias primas para los fertilizantes y otros insumos agropecuarios. En medio de sanciones económicas, la destrucción generada por la confrontación militar y las disrupciones en los puertos y la cadena, los precios de estos productos agrícolas básicos se elevaron peligrosamente.
A lo anterior se añade la distorsión que la guerra ha creado en el mercado del petróleo, el gas y otros combustibles, que no solo ha develado la inseguridad energética de Europa Occidental, sino también ha jalonado la inflación de la energía tanto en países ricos como emergentes. Precisamente para responder a esta combinación de altos precios de los alimentos y los combustibles, gobiernos con economías de los más diversos tamaños están implementando subsidios energéticos y transferencias sociales, a pesar de la inflación y el crecimiento del déficit fiscal.
Alemania, Grecia, Portugal, España, Nigeria y Zambia, entre otros, hace poco anunciaron ayudas para las cuentas de energía de los hogares mientras Filipinas, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos, lo hicieron como subsidios a los más pobres. En medio de altas tasas de interés, inflación desbordada, creciente endeudamiento público, ralentización de la reactivación y un deterioro social heredado de la pandemia del coronavirus, el encarecimiento de los alimentos y los combustibles aviva la llama del descontento ciudadano.
Colombia no puede creer que está blindada a estos fenómenos que están alimentando protestas contra el costo de vida alrededor del mundo. Si bien el gobierno entrante ha generado altas ilusiones sobre distintas reformas de alto calado en el agro, la salud, la educación y los impuestos, las expectativas sobre las condiciones actuales de los hogares -su capacidad de compra de alimentos básicos y de pago de servicios públicos- no pueden minimizarse. Los aspectos más destacados de un plan para mitigar la disparada en comida y en combustibles por parte del empalme económico sería bienvenido.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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