Si el actual gobierno quiere avanzar en el desarrollo y la consolidación del país, de manera que a la vuelta de los próximos cuatro años pueda mostrar resultados, tanto en materia de crecimiento económico como de reducción de la pobreza y la desigualdad, tendrá que apurar no solo las grandes reformas pendientes (fiscal, pensional, laboral y de la salud), sino también atender y solucionar otros grandes problemas que enfrenta Colombia.
Por eso, el centro de estudios económicos Anif se dio a la tarea de elaborar un documento en el que recoge los temas más importantes que tendrá que abordar la actual administración en todos los frentes y sobre los cuales, primero, realizó un diagnóstico de su situación actual; segundo, planteó una serie de propuestas concretas para avanzar en los vacíos identificados y, por último, diseñó unas metas que deberán guiar las acciones del Gobierno en estos cuatro años.
“Este estudio contiene bases e ideas sólidas para el Plan de Desarrollo Nacional 2022-2026, así que no solo avanza en propuestas, también da un estimado del costo de implementación por las principales líneas de impacto y de los efectos que tendría en reducción de pobreza, cierre de brechas sociales y distribución del ingreso”, advierte Mauricio Santa María, presidente de Anif.
En ese sentido, cálculos preliminares contenidos en el análisis apuntan a que las fuentes generadas por las propuestas del mismo alcancen niveles del 5, 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) con esas iniciativas, pero a su vez, los usos principales de los recursos pueden llegar a representar entre el 5,1 y el 5,6 por ciento del PIB proyectado para el 2022.
Señala, además, que la implementación de dichas propuestas tendrá un impacto significativo en el crecimiento económico, contribuirán a disminuir pobreza y la desigualdad en el país.
Anif estima, por ejemplo, que con esas políticas el crecimiento en el 2026 sería del 5,8 por ciento, la pobreza bajaría al 33 por ciento, mientras que el indicador de desigualdad (Gini) caería a 49.
Por eso, EL TIEMPO recoge los principales planteamientos contenidos en este análisis en cada uno de esos temas, así como las propuestas y metas que se proponen para alcanzar esos objetivos en 2026. Serán tres entregas en serie, siendo esta la primera, en la que se abordan las problemáticas fiscales, las pensiones, el tema laboral, la salud y la educación.
Las reformas claves
Según el documento, en el que participó un equipo de 13 economistas, uno de los temas prioritarios es, sin duda, el fiscal, que debe ser atendido para asegurar el crecimiento y fortalecer la política social.
El problema allí es el creciente gasto público, impactado aún más por la pandemia, y la insuficiencia de recursos para atender todas las necesidades del país.
De ahí la importancia de una reforma fiscal estructural que corrija las deficiencias del sistema tributario actual. En tal sentido, habrá que, entre otras medidas, ampliar la base de contribuyentes de renta en personas naturales de manera progresiva, así como la base de bienes y servicios que generen el pago efectivo de IVA; fortalecer el régimen simple de tributación para micronegocios. El objetivo es elevar el recaudo en cerca de 2,5 por ciento del PIB. La meta en este frente, señala Anif, es “reducir la desigualdad, enfocar el gasto en los más vulnerables y el recaudo en aquellos con mayor capacidad de pago”.
Otro asunto urgente es la protección de la vejez y las pensiones, pues, no obstante existir dos regímenes, uno público y el otro privado, hay una muy baja cobertura, elevada inequidad y altos costos.
Según Anif, el país destina el 92 por ciento del recaudo del IVA al pago de 2,4 millones de pensiones de individuos de altos ingresos. Por eso se necesita una reforma pensional que garantice una protección efectiva en la vejez, sobre todo a los más pobres y vulnerables, y que incentive el ahorro.
Plantea, por ejemplo, que el cálculo de la pensión se haga sobre el promedio salarial de toda la historia laboral del trabajador y no de los 10 últimos años, como se hace hoy; que se implemente una estructura marginal progresiva de la tasa de reemplazo que permita focalizar bien los subsidios del régimen de prima media en aquellos de menores ingresos y se permitan la contratación y la cotización por horas.
Eso ayudaría, entre otros fines, a ampliar la cobertura de pensionados de 37,9 a 76,7 por ciento.
En lo laboral, el documento advierte sobre la necesidad de actualizar este mercado incorporando las nuevas realidades económicas del país. En ese sentido, se sugiere cambiar la fuente de financiamiento de los aportes a salud, recaudando esos recursos por medio de impuestos generales; reglamentar la contratación por horas; implementar un esquema de salario mínimo diferencial por región, según las condiciones de estas, e impulsar la participación de la mujer y de la población joven en el mercado laboral.
Más cobertura y calidad en salud y en educación
Otros dos frentes que necesitan atención urgente son la salud y la educación, en los que mejorar el acceso y la calidad son tareas inaplazables. Se requiere dinero para ello, pero también mejorar la eficiencia del gasto y aumentar las fuentes de financiamiento en el sector de la salud.
En materia educativa, dice Anif, se requiere una revolución donde se cierren las brechas de calidad regionales y entre aquellos de ingresos altos y bajos.
Advierte, no obstante, que se deben implementar tanto políticas específicas para cada nivel educativo como políticas transversales para lograr mayores niveles de equidad.