Las vías que comunican el centro del país con los Llanos Orientales no levantan cabeza. Primero, la vía principal que une al centro del país con la gran despensa de Colombia, sufrió una avalancha que la tuvo cerrada desde el 17 de julio hasta el 10 de agosto. Luego los fuertes temblores de la semana pasada la volvieron a sacar de servicio. Y en el fin de semana festivo se acabó de completar el drama con la caída del puente Los Grillos, en la carretera alterna que une a Boyacá con Casanare, y dejó prácticamente incomunicada esta zona.
Es tal la tragedia que el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, pidió declarar la emergencia económica y social teniendo en cuenta el grave impacto del cierre de las vías en la distribución de alimentos. A este llamado se unió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. El ministro de Transporte, William Camargo, les dijo que no y anunció la reapertura gradual de la vía principal.
Sin embargo, esa promesa no se cumplió, ayer volvieron a cerrar la vía, hay cientos de transportadores atascados, la fila llega hasta Bogotá, y lo peor es que no hay fecha de reapertura. Pero este es apenas un ejemplo de las grandes troneras que tiene la infraestructura vial, crucial para mejorar la competitividad del país. Sin buenas carreteras se encarece el transporte de alimentos, disminuye el turismo, aumenta la inseguridad y se frena el progreso de las regiones.
Estos problemas, que vienen de tiempo atrás, se han agudizado en los últimos meses no solo por la acción de la naturaleza sino por las permanentes protestas que paralizan las carreteras (400 bloqueos hasta julio), las acciones de los delincuentes (59 casos de piratería y 14 conductores asesinados) y las pocas gestiones de este gobierno para mover la locomotora de la infraestructura.
Y es que después de un gran impulso con la cuarta y quinta generación de concesiones viales, no se ha vuelto a saber en qué van las obras y qué avances hay. El sector está estancado a decir de muchos y mientras tanto se siguen cayendo los puentes, se derrumban las vías y se tiran la pelota las entidades responsables del tema y los concesionarios.
El freno en el sector lo comprobó el Dane tras los resultados del crecimiento del 0,3% en la economía en el segundo trimestre del año. El subsector de obras civiles reportó un desplome del 17,9% en dicho periodo. Todo está en picada, incluyendo la construcción de túneles, carreteras, pistas de aterrizaje y ferrocarriles.
Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) envió una carta a los ministros de Hacienda y de Transporte en el que traza un plan de choque para reactivar el sector. Entre las medidas que plantea el gremio está la actualización de las tarifas de los peajes que fueron congeladas a comienzo de este año. El hecho de no aumentarlas podría ocasionar un hueco en las finanzas de los proyectos viales, que superaría los 13 billones de pesos, y que terminaría siendo asumido por todos los colombianos a través de mayores impuestos.
Además, la CCI pidió agilizar la ejecución de proyectos de la cuarta generación de concesiones, que por decisiones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), no han logrado su cierre financiero o las obras no marchan al ritmo previsto. Entre ellos se encuentran Santana-Mocoa-Neiva, Bucaramanga-Pamplona, la perimetral de Oriente de Cundinamarca, y la eterna vía Mulaló-Loboguerrero, que lleva años sin terminarse a pesar de que es crucial para el comercio internacional. Frente a la quinta generación de concesiones viales o Concesiones del Bicentenario, estructurada por el anterior gobierno, se espera que por fin despeguen la Malla Vial del Valle, Puerto Salgar-Barrancabermeja, la Ruta Caribe II y el Canal del Dique, entre muchos otros.
A ello hay que sumarle la ampliación de los aeropuertos, la navegabilidad del río Magdalena, que sigue durmiendo el sueño de los justos, y los proyectos férreos de los que tanto se habla (a propósito, ¿qué pasó con el famoso tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla que prometió el presidente Petro y del que nunca se volvió a saber nada?).
La ANI cuenta con proyectos en etapas avanzadas de estructuración que, según la Cámara Colombiana de la Infraestructura, suman cerca de 22 billones de pesos y pueden generar más de 620.000 empleos. El Instituto Nacional de Vías, por su parte, tiene a cargo la ejecución de recursos por 8 billones de pesos para el programa “Caminos comunitarios de la paz”, que busca intervenir 33.000 kilómetros de caminos veredales.
Es decir, proyectos de infraestructura es lo que hay. Pero hay que poner manos a las obras. No se pueden quedar en solo anuncios o cortinas de humo. Tal vez un primer paso podría ser que el presidente Gustavo Petro deje de estar trinando sobre el problema del agua en el Canal de Panamá, que resultó no ser del todo cierto, y más bien se concentre en los problemas de las obras del país.
Este gobierno tiene una oportunidad inmensa de poner a andar la locomotora de la infraestructura, que se encuentra varada. Si no lo hace, Colombia podría seguir en obra negra.