Para el sector privado el momento de seguir pensando con el deseo en un Ejecutivo con talante centrista y conciliador acabó a la par con la coalición.
En su discurso en Zarzal (Valle del Cauca) del pasado 25 de abril, un día antes del revolcón ministerial y del rompimiento oficial de la coalición mayoritaria, el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que “un gobierno de emergencia debe instalarse ya, dado que el Congreso no fue capaz de aprobar unos simples artículos, muy pacíficos”.
Menos de 24 horas después, el primer mandatario despediría a siete de sus ministros, incluido el de Hacienda, e incorporaría remplazos mucho más cercanos a él y a sus ideas.
El fin de la coalición -que incluyó partidos tradicionales como los conservadores, los liberales y La U- no solo marca el cierre del primer capítulo de la administración Petro, sino que también ha despertado preguntas sobre el rumbo que tomará la Casa de Nariño. Si bien los primeros mensajes de los nuevos miembros del gabinete -en especial el nuevo jefe del equipo económico Ricardo Bonilla -han estado orientados hacia el consenso y el respeto a la sostenibilidad macroeconómica-, desde el sector privado el momento de “pensar con el deseo” sobre un gobierno centrista y conciliador ha pasado.
Actores de la economía como gremios de la producción y dirigentes empresariales deberían leer con más atención las recientes encuestas de opinión y las que vendrán en los próximos meses.
Más allá de los intentos de movilización popular que ha hecho la Presidencia, incluido el de ayer, día del Trabajo, el paquete reformista del Ejecutivo no ha desatado el entusiasmo ciudadano a pesar de contar con algunas medidas que indudablemente benefician a los más desfavorecidos.
De hecho, el presidente Petro y su administración atraviesan por un difícil momento tanto de popularidad como de respaldo de su gestión. La más reciente medición de Invamer -que cobija las cinco grandes capitales- refleja un aumento del pesimismo en el rumbo del país. Desde el pasado agosto la proporción de colombianos que piensa que las “cosas en Colombia están empeorando” ha saltado 25 puntos porcentuales, de 48 a 73 por ciento. En sincronía con una disparada de la desaprobación presidencial: entre agosto y abril del 20 por ciento al 57 por ciento.
La magia del “cambio” se rompió. Y por más que el primer mandatario responsabilice a la “oligarquía” o al “neoliberalismo”, con una oposición fragmentada y la ilusión de la mayoría de los ciudadanos en que le vaya bien al primer gobierno de izquierda de la historia, la culpa es única y exclusivamente de la Casa de Nariño. Ante las prioridades de la administración Petro -muy lejanas de la economía de la “mesa del comedor”-, no debe causar mayor sorpresa que los encuestados crean que los pilares de la agenda gubernamental van mal.
El rechazo a la gestión en la lucha contra la pobreza del gobierno Petro se elevó quince puntos porcentuales a 71 por ciento, mientras que la proporción de rechazo a la política ambiental y a la construcción de vivienda popular alcanzó el 60 por ciento y el 47 por ciento.
En el caso de esta última es el nivel de desaprobación más alto en casi 15 años de medición. Los números son asimismo negativos en asistencia a la vejez, asistencia a la niñez, desempleo, costo de vida, inseguridad, corrupción, servicios públicos y apoyo del campo y el agro, entre otros.
Claramente el gobierno Petro entró en ‘emergencia’, como lo declaró el propio jefe del Estado.
Pero las razones de esa situación no son las que el Presidente manifiesta en público. La desconexión con las angustias del colombiano promedio -lejanas de acabar con el petróleo o eliminar las EPS- le está pasando una cuenta de cobro a un Ejecutivo obsesionado con avanzar su visión ideológica. La moderación debería ser su camino.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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