Esta última semana fue, sin duda, la peor para el Presidente de la República.
Los aficionados al latín dirían que la expresión septimana horribilis describe lo que fueron los siete días transcurridos desde el domingo pasado para Gustavo Petro. Y es que, por primera vez, tras aquella tarde de agosto en la que vistió la banda tricolor, el Presidente de la República tuvo descalabros en múltiples frentes.
En contraste con la constante de los meses pasados, cuando la aplanadora gubernamental parecía imparable y el mandatario contaba con el favor de la opinión, ahora el Ejecutivo empieza a mostrar señales de debilidad tanto en el terreno de la política como en el propio manejo del país. Además, las altas cortes se encargaron de recordarle que la división de poderes existe y que las decisiones de la Casa de Nariño están sujetas a revisión.
Una mirada a los titulares de prensa resume lo sucedido. La salida de tres ministros el lunes, la crisis causada por la suspensión de operaciones de Viva Air el martes, la aparición de un nuevo sondeo que confirmó el miércoles el deterioro de la imagen presidencial y el escándalo en torno a Nicolás y Juan Fernando Petro el jueves fueron algunos de los hechos ocurridos.
A los anteriores se suman las exigencias parlamentarias sobre modificaciones a la reforma de la salud, la retención masiva de policías en San Vicente del Caguán, el paro minero en Caucasia, la decisión del Consejo de Estado de dejar sin efecto el decreto que facultaba al Presidente a regular los servicios públicos o la advertencia de la Corte Constitucional de que podría suspender leyes vigentes. Así, en cuestión de pocas jornadas, una administración que venía dominando la agenda se encontró a la defensiva y desbordada por los acontecimientos.
Cambio de tercio
Ante lo sucedido, no faltará quien señale que una mala racha le pasa a cualquiera. Y aunque la afirmación es verdad, también lo es que en la presente oportunidad comienza a vislumbrarse el cierre de una fase y el comienzo de otra. Para usar la conocida figura, ahora sí se acabó la luna de miel.
La que comienza, entonces, es una etapa distinta. En la política, sin ir más lejos, el despido del titular de la cartera de Educación, Alejandro Gaviria, ratificó no solo que hay diferencias irreconciliables dentro del gabinete, sino que la línea de los más moderados pierde a un representante clave y capaz.
Pero más grave aún es el mensaje implícito sobre la incapacidad de construir consensos y la tendencia a privilegiar las posiciones extremas. Así la ministra de Salud, Carolina Corcho, les haya ganado la batalla a varios de sus contradictores, la victoria amenaza con ser pírrica ante las señales provenientes del Capitolio en el sentido de que la versión que radicó no tiene viabilidad, por lo cual se impone una cirugía mayor para que la primera de las tres grandes reformas del paquete social sobreviva.
Mientras se conocen las modificaciones, el daño ante los ciudadanos que se identifican con el centro y apoyaron al triunfador en la segunda vuelta de las elecciones de junio pasado está hecho. En las redes sociales son más frecuentes los comentarios de quienes dicen sentirse engañados por una promesa de apertura que no se cumplió.
Junto a ese campanazo suena la alerta por las dificultades del Ejecutivo a la hora de enfrentar los desafíos propios de la realidad nacional. Los miles de viajeros damnificados que no se pudieron subir a un avión culpan de una manera u otra a las autoridades, así descarguen la rabia contra la aerolínea que hizo las cosas mal.
Mención aparte merece lo del Caquetá, donde los excesos con muerte incluida demostraron otra vez que no todo vale en la protesta social. Las imágenes de los vejámenes sufridos por uniformados sin armas pusieron en entredicho la capacidad gubernamental de controlar el territorio.
Aunque las declaraciones respaldaron a la Fuerza Pública, suenan las críticas porque el guiño oficial hacia las organizaciones de base, susceptibles de ser infiltradas por grupos violentos, desata vendavales. Este y otros episodios como los de Antioquia, en los que hay criminales pescando en río revuelto, agrandan el signo de interrogación frente a las posibilidades de la ‘paz total’.
Queda por verse cuál será la reacción de una opinión que ya miraba de forma más negativa la situación del país. Como lo mostró la encuesta de Invamer realizada durante la segunda quincena de febrero en las cinco capitales principales, el pesimismo sigue subiendo y afecta de manera directa a Gustavo Petro.
Este, que logró un 40 por ciento de los votos en la primera vuelta de los comicios de 2022, y que consiguió convencer a un 10 por ciento adicional para la segunda y así triunfar, llegó a registrar respaldos del 70 por ciento entre septiembre y noviembre del año pasado. Ahora está de vuelta a los guarismos de mayo. El péndulo se ha devuelto.
“Hay una disminución en los índices de aprobación a la gestión presidencial, que es de muy alta velocidad”, señala Leonardo García, de la firma Speak. “Si al comienzo había esperanza en la opción de cambio que representaba el nuevo gobierno, ahora priman la incertidumbre y la insatisfacción”, agrega el analista.
Dolores de cabeza adicionales, como el manto de duda que se tiende sobre el hijo y el hermano del Presidente, objetos de una investigación relacionada con recepción o cobro de dineros a personas del bajo mundo, no dejarán de tener costo. A lo anterior se agregan los errores autoinfligidos como la polémica en torno al metro subterráneo en Bogotá, que llevó a una caída sustancial en la favorabilidad del inquilino de la Casa de Nariño, justo en la que había sido su plaza por excelencia.
De ahí que es factible que la popularidad del mandatario descienda mucho más si a lo mencionado se suman la desaceleración de la economía y eventuales retrocesos en materia de empleo. Hasta astrólogos, como Mauricio Puerta, hablan de una conjunción planetaria hostil que le haría más difícil sortear con éxito los desafíos propios del primer cargo de la Nación.
Opciones sobre la mesa
¿Cómo se comportaría Gustavo Petro en caso de que tales previsiones se confirmen? Una mirada a la experiencia de sus antecesores revela que, más allá de las facultades que le otorga la Constitución al Presidente de la República, el margen de maniobra del Ejecutivo se reduce.
No se trata solo de un clima más hostil en las calles o de expresiones frecuentes de descontento en diversos puntos de la geografía, sino de un endurecimiento en la relación con el Congreso. En el pasado, algunos optaron por llegar a acuerdos burocráticos para recuperar gobernabilidad, mientras que otros hicieron uso del presupuesto, aparte de acudir a la persuasión mediante reuniones en Palacio con grupos de diversa índole.
Aunque a ningún jefe del Estado le gusta ceder y menos frente a sus contradictores, el pragmatismo usualmente se impone cuando llega el momento de los pactos. Esa es la razón por la cual, desde los tiempos de Aristóteles, se hable de la política como el arte de lo posible.
Sin embargo, a diferencia de quienes le precedieron, Petro viene acompañado de rígidos planteamientos apoyados en su ideología de izquierda. Lejos de acomodar esas posturas a lo que ha encontrado en estos seis meses largos o de aceptar los argumentos de las voces discordantes sigue aferrado a sus creencias originales.
Así quedó demostrado en un trino publicado esta semana, cuando el mandatario exigió lealtad con el programa de gobierno a los integrantes del gabinete. Dadas las circunstancias previas al escrito, más de uno lo vio como algo más de tipo dogmático que indicativo.
Aquellos integrantes de la academia o el sector privado que han asistido recientemente a reuniones a puerta cerrada en la Casa de Nariño cuentan que las citas se desarrollan en forma cordial y que el Presidente escucha con atención lo que se le dice. “Cuando habla, al final hace una síntesis ponderada y aguda de lo conversado, sin haber tomado una sola nota”, relata alguien que lo vio hace poco. “El problema es que a la hora de irse da la impresión de que sigue pensando lo mismo que al comienzo”, concluye la fuente.
Parte del problema radica en la desconfianza que generan en Petro los que considera representantes del establecimiento. Bajo esa aproximación, las sugerencias que se le hacen buscan en último término que se mantenga el statu quo que caracteriza a una sociedad excluyente y desigual.
Incluso en las ocasiones en que el diálogo fluye, surge una tensión entre las posiciones de consenso y las aproximaciones más radicales. “Puede ser que un lado de la cabeza le diga que vale la pena ubicarse en un punto intermedio, pero el otro le recuerda que no puede traicionar ni a sus bases ni a sus principios, ante lo cual se va por esta última opción”, cuenta un antiguo colaborador.
De regreso a la reforma de salud, pocos dudan de que hay un altísimo riesgo de que el proyecto, tal como fue presentado, se hunda. El presidente del Senado, Roy Barreras, y un buen número de ministros, además de las cabezas de varias colectividades, le han dicho de frente al jefe del Estado que se arriesga a un estrepitoso fracaso, pero eso no da la impresión de preocuparlo.
Como una derrota pondría a una administración todavía joven en problemas, muchos piensan que la mejor salida es otra. Esta consiste en apoyar textos diluidos que salgan de fundir varios articulados sobre la misma materia y que al final puedan presentarse como un triunfo legislativo. Dentro de esa visión, el Presidente lograría afirmar que le fue fiel a lo que pensaba, pero que de manera legítima los congresistas hicieron modificaciones que son válidas dentro de las reglas de juego de la democracia.
En términos prácticos, tanto en salud como en pensiones, lo laboral y otros asuntos de fondo, el Capitolio se pronunciaría en favor de ajustes de corte más razonable. “No se trata de vencer al Gobierno, sino de plantear vías alternativas para que este no se radicalice o se aísle”, sostiene un dirigente gremial.
Lograr que los canales de comunicación con la Casa de Nariño se mantengan abiertos es importante. Así se puede reducir el riesgo de un Gustavo Petro sectario que, en la medida en que sus índices de favorabilidad se debiliten, siempre estará tentado a refugiarse en la ideología y explicar sus fracasos como el resultado de un complot a cargo de las fuerzas reaccionarias de siempre. En más de una ocasión puede haber desplantes o desencuentros, aunque los que defienden esa estrategia sostienen que se debe hacer uso de la cabeza fría con el fin de dialogar y apoyar iniciativas con impacto social.
Dentro de las filas de la derecha están aquellos que optan por apostarle al desprestigio de un Ejecutivo que se vería en grandes dificultades para preservar el orden público, la concordia y el crecimiento económico. Sin embargo, dicha aproximación ignora que hay un núcleo de seguidores petristas —entre el 25 y el 30 por ciento de la opinión— que seguirá fiel con al Pacto Histórico hasta el final.
Antagonizar a ese sector de la ciudadanía puede traer réditos electorales, pero abriría brechas difíciles de cerrar más adelante. A fin de cuentas, el desafío de largo plazo de Colombia es todavía el de poder construir acuerdos básicos que permitan resolver los grandes problemas nacionales, sin que los que piensan de una manera avasallen a los que piensan de otra.
De su lado, Gustavo Petro tiene frente a sí la posibilidad de aprender las lecciones de estos últimos días y convertir lo que ahora es una crisis potencial de gobernabilidad en una oportunidad para hacer ciertas cosas de forma distinta. Y ello le obliga a pensar más en ese 51 por ciento de la opinión que desaprueba su labor que en el 40 por ciento que todavía lo respalda.
No obstante, el dilema interno que enfrentará es si un “verdadero revolucionario” puede transar con quienes lo contradicen o está obligado a no arriar sus banderas, así lo derroten. Dependiendo de lo que escoja, el rumbo de Colombia de aquí a 2026, e incluso después, será más o menos turbulento.