En Colombia, el debate sobre el impuesto al patrimonio suele girar en torno a grandes fortunas y conglomerados. Sin embargo, un reciente Borrador de Economía del Banco de la República muestra que el golpe más fuerte lo recibieron las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Así lo muestra el estudio titulado “Wealth Taxes and Firms’ Capital Structures: Credit Supply and Real Effects” (“Impuesto al patrimonio y estructura de capital de las empresas: oferta de crédito y efectos reales”), elaborado por José Luis Peydró, Hernán Rincón-Castro, Miguel Sarmiento y Alejandro Granados.
Allí se estableció que “las nuevas empresas contribuyentes presentan condiciones crediticias más restrictivas en comparación con las empresas no contribuyentes… [y] revelan efectos reales negativos sustanciales sobre la inversión, la productividad y el empleo".
El origen de la reforma estuvo en la emergencia económica, social y ambiental declarada en diciembre de 2010 tras la ola invernal. El decreto amplió el impuesto a empresas con capital líquido entre 1.000 y 3.000 millones de pesos.
El documento recuerda que “el número de firmas contribuyentes pasó de 3.441 en 2010 a 11.118 en 2011”, es decir, 7.677 nuevas empresas, en su mayoría pymes, quedaron sujetas al tributo.
El recaudo creció en consecuencia: “los ingresos tributarios aumentaron en 90%, pasando del 0,4% al 0,7% del PIB entre 2010 y 2011”. Pero el alivio fiscal del Estado, señala el análisis, se tradujo en un ajuste doloroso para el tejido empresarial.
La investigación encontró que las firmas afectadas vieron encarecidas sus condiciones de financiamiento. En efecto, consigna que “las empresas que anticiparon el impuesto y aquellas con un mayor apalancamiento ex ante muestran condiciones crediticias aún más restrictivas”. En otras palabras, quienes ya estaban endeudados fueron los más golpeados: recibieron menos préstamos, a tasas más altas y con plazos más cortos.
Ante la contracción bancaria, los autores del estudio explican que esta reforma tributaria también afectó la asignación del crédito comercial entre las nuevas empresas contribuyentes.
El estudio detalla que estas compañías aumentaron su dependencia del financiamiento de proveedores, pero al mismo tiempo redujeron su capacidad de otorgar crédito a terceros. La consecuencia: cadenas de pago más frágiles y vulnerables.
Las consecuencias se traducen en menor empleo y productividad
Las estimaciones muestran caídas de casi 10 puntos porcentuales en la inversión, de 6,2 pp en ingresos y de 4,2 pp en acumulación de capital. En el frente laboral, el ajuste fue significativo: “los efectos son más pronunciados para las firmas con alto apalancamiento, incluyendo una caída relativa del 4,5% en el empleo”
El documento también advierte que “este impuesto actúa como una ‘confiscación’ del capital de las firmas y, por lo tanto, reduce su rentabilidad actual y esperada, desincentiva la inversión y afecta el crédito bancario y comercial".
Los expertos puntualizan que los resultados de esta investigación “son consistentes con la evidencia internacional que muestra que los impuestos al patrimonio empresarial tienden a restringir la oferta de crédito y a reducir la inversión en capital productivo".
CONSTANZA GÓMEZ GUASCA
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS