Los transportadores piden que la decisión que se tome se enfoque y privilegie el proceso de reactivación económica y la competitividad del país.
Este miércoles, la Cámara Intergremial del Transporte (Unidos) dio a conocer, mediante comunicación pública, que, a pesar de tener el interés, no lograron llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional sobre el ajuste del precio del diésel.
Vale recordar que como producto de la reunión en el año 2022 con el presidente Gustavo Petro (en el que se congeló el precio del diésel), se instalaron las mesas técnicas para revisar y evaluar la fórmula del precio del combustible. Estos encuentros empezaron un año después, de los cuales hubo 10 más hasta la fecha. Pese a la insistencia del Gobierno por subir el precio, el gremio insiste que “no es el momento adecuado para incrementar el precio del ACPM a $6.000 por galón”.
“La economía sigue estancada, la inversión fija sigue en niveles inferiores a niveles antes de pandemia y esto en parte se explica por una baja confianza del inversionista y niveles altos de incertidumbre en relación con los costos asociados a los diferentes sectores productivos, parte importante de esto es que la inflación no ha cedido como se ha esperado (…) Por lo cual, un aumento significativo en el precio del ACPM derivará en una nueva presión en la inflación en los diferentes sectores de la economía, lo cual afectará el proceso de reactivación”, explican.
Recuerdan que la confianza del consumidor y del sector industrial continúa en niveles negativos y representan entre el 60% y 70% de la demanda de transporte. “Estos siguen en una situación crítica, con caídas en la producción, las ventas y el empleo, lo que a su vez reduce la demanda de transporte. Esta situación fue reconfirmada por los resultados del PIB al cierre del primer semestre, así como por los indicadores de los subsectores de cada renglón mencionado. Así las cosas, el transporte y las cadenas de valor que demanda este servicio carecen de la capacidad financiera de absorber el incremento de costos propuesto por el ministro de Hacienda”, puntualizan.
Indicaron que en medio de esta situación (de ingresos a la baja o estancados), el Gobierno les propuso a los transportadores asumir un aumento del 62% en el precio de su principal insumo, es decir, el combustible y los peajes. “Nadie está obligado a lo imposible, reza un principio jurídico”, dicen.
Otro de los peros para encontrar acuerdos es el limitante de los costos mínimos. Según el Gobierno, no hay problema en subir el precio del ACPM “pues este se traduciría en fletes”, sin embargo, los transportadores de carga recuerdan que solo una parte de ellos se rige por el sistema SICE-TAC (el cual establece los costos mínimos del valor a para cada viaje).
“Aunque la concepción del sistema fue correcta, su implementación ha sido inoperante y excluyente. Los parámetros utilizados no reflejan la realidad operativa, inflan en dos veces el número de viajes realizados por cada camión, subvaloran el mantenimiento y el costo de los vehículos, olvida los costos de la empresa de transporte, no incluye la rentabilidad del propietario ni de la empresa, y la Superintendencia de Transporte carece de la capacidad institucional, para hacer cumplir estos precios mínimos a todos los actores de la cadena”, agregan.
La propuesta de los transportadores
Sin mayor detalle, la propuesta de los transportadores, según explican, está pensada en la evolución del ciclo económico y un aprovechamiento más eficiente de la ventaja de Colombia al ser autosuficiente en materia petrolera y en la producción de ACPM.
“Adicionalmente, la fórmula del Precio Colombia hace más ligero el manejo financiero del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. En 2023, por ejemplo, con la fórmula propuesta por Unidos el déficit en diésel del Fondo pasaba de $15 billones a $2 billones, 7,5 veces menos”, señalan.
Con toda esta situación, los transportadores piden que la decisión que se tome se enfoque y privilegie el proceso de reactivación económica, la competitividad del país, la reconstrucción del tejido empresarial y la protección de la economía de los hogares.
“Que no únicamente cumpla los mandatos de las calificadoras de riesgo y las instituciones acreedoras internacionales, esto según los argumentos del gobierno nacional. Hay momentos en que es pertinente actuar con independencia y este es uno de ellos. En países como China, Estados Unidos y Brasil, que son competidores nuestros en el mercado nacional e internacional, subsidian el diésel”, cierran.
PAULA GALEANO BALAGUERA