Luego de tres años de expedida la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), para realizar proyectos de infraestructura vial, y sin que se materializara una sola iniciativa por falta de respaldo estatal a los riesgos que asuman los inversionistas privados, el Gobierno dio el impulso para que estos se animen a presentar proyectos de su cuenta.
Con el Decreto 2043 del 15 de octubre, del Departamento Nacional de Planeación (DNP) –en el que se hacen ajustes a la reglamentación, en particular en lo referente al esquema de riesgos–, la compensación para los inversionistas por la materialización de los riesgos irá más allá de la extensión hasta del 20 por ciento del plazo del contrato original.
Los mecanismos a través de los que el Estado les responderá a los privados también incluyen la modificación del alcance del proyecto, el incremento de peajes y tarifas, así como las subcuentas y excedentes de los patrimonios autónomos.
El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, expresó que con los ajustes se viabilizan propuestas, ya que ahora hay condiciones para crear confianza y para que quienes realicen un proyecto no queden desfinanciados.
Obras que avanzarán
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, manifestó que cuatro iniciativas, de un grupo inicial de siete, ya están maduras para salir.
Entre ellos figuran la doble calzada entre Ibagué y Cajamarca (Tolima), estimado en 1,02 billones de pesos; el tercer sector de la vía entre Bogotá y Villavicencio (también en doble calzada), valorado en 1,8 billones de pesos, y la Malla Vial del Meta, compuesta por los trayectos Villavicencio-Granada y Villavicencio-Puerto Gaitán, que costaría unos 1,2 billones de pesos.
Uno de los principales objetivos de la ANI también es consolidar en doble calzada la vía Bogotá-Buenaventura, principal corredor de comercio exterior del país. Para ello, además de la doble calzada entre Ibagué y Cajamarca, faltan los trayectos Calarcá (Quindío)-La Paila (Valle), así como el tramo entre Buga y el puerto de Buenaventura. Estos tres proyectos integrados costarían 3,1 billones de pesos.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS