El aumento de su precio afecta a todos. Es ineficiente y complejo que unos pocos consigan dádivas.
Una serie de protestas en las vías de las principales ciudades que tuvieron lugar ayer, con inaceptables bloqueos del tráfico perjudicando notablemente a la ciudadanía, pusieron una vez más el dedo en una sensible llaga: la del precio de la gasolina.
Como protesta por el aumento del precio de la gasolina, camioneros –que en su mayoría utilizan ACPM, cuyo precio permanece congelado– y motociclistas, en especial estos últimos, organizaron movilizaciones en las vías de las principales ciudades, A la movilización no se sumaron los taxistas, quienes el viernes pasado alcanzaron un acuerdo con el Gobierno Nacional que les permitirá gozar de una tarifa diferencial.
El que hoy quienes poseen un vehículo de combustión tengan que pagar una suma mayor de la que tenían que cancelar en enero por cada galón del combustible es un hecho incontestable. El precio promedio ha aumentado $ 5.452 en este lapso, consecuencia de la conjunción de una serie de factores, entre los que sobresalen la inflación en el mundo, la guerra en Ucrania, la devaluación del peso y la decisión, responsable y sensata, del Gobierno de desmontar progresivamente del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Creado en 2007 para subsidiar dicho precio en un contexto de volatilidad del valor del petróleo en los mercados, el mecanismo se quedó corto ante la realidad del aumento que ha tenido el crudo en los últimos años, generando un hueco equivalente a más de una reforma tributaria.
El desafío es complejo. Y así como no es del todo claro por qué los camioneros se suman a una movilización por algo que los afecta aún, dado que el ACPM empezaría a subir en enero, es cierto que una gasolina más cara golpea la canasta familiar de motociclistas y taxistas, cómo negarlo. Estamos, pues, ante una realidad global; de Francia a Ecuador, en los últimos años se han desatado feroces protestas por decisiones similares de los gobiernos que, además, están en sintonía con la obligación ética con la especie humana de dejar de subsidiar los combustibles fósiles como paso ineludible y cada vez más urgente de dar si lo que se quiere es enfrentar la crisis climática.
Lo cierto es que el Gobierno está en la obligación de buscar soluciones basado en la prevalencia del interés general, no ceder a grupos de presión cuyos logros terminan costeando quienes no están en capacidad de organizarse y presionar. Y aquí hay que mencionar la dádiva del Gobierno a los taxistas, un subsidio al combustible que expertos han considerado inconveniente, técnicamente difícil de justificar. No solo implica un subsidio adicional a un combustible fósil, sino que obliga a férreos controles para que no se genere un mercado ilegal y a cubrir ese hueco con recursos que bien podrían ser destinados a frentes sociales más urgentes y donde el beneficio alcance a sectores más vulnerables.
La tarea es mantener a raya a los grupos de presión. Es una coyuntura muy difícil que obliga a un sacrificio de todos. Y si va a desnivelar la balanza, necesariamente tiene que ser para que pueda protegerse tanto como sea posible a los sectores más vulnerables, los de menores ingresos. Y estos, está claro, no siempre son los que más visibilidad logran. Y menos en tiempos electorales.
EDITORIAL