Esta semana el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) publicó un pronunciamiento alrededor del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), hoja de ruta de las finanzas públicas para los próximos años que presentó el Ministerio de Hacienda a mediados de junio. Si bien el documento reconoce aspectos y decisiones positivas del Gobierno Nacional, también contiene un llamado a la prudencia en el manejo del gasto ante un “eventual incumplimiento de la ley de la Regla Fiscal”.
El Carf considera “realistas y consistentes” los supuestos macroeconómicos con los que la cartera de las finanzas públicas construyó los distintos escenarios fiscales de la Nación. Además, realiza un “elogio” al compromiso del Gobierno Nacional con la reducción del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Esta decisión ha sido tanto responsable al frenar el crecimiento de ese hueco fiscal como dolorosa ya que golpea el bolsillo de millones de colombianos e impide un descenso más rápido de la inflación.
No obstante, el pronunciamiento del Carf advierte sobre algunas alarmas tanto sobre los ingresos y los gastos proyectados para los próximos años como sobre la senda de la deuda pública. En materia de ingresos, por ejemplo, a pesar de haber aprobado dos reformas tributarias consecutivas, que elevarán las arcas públicas hasta cerca del 4 por ciento del PIB en 2024 y cuya carga cayó mayoritariamente sobre las empresas, el recaudo impositivo será menor que lo inicialmente estimado: en 2023 de 2,5 a 1,6 por ciento del PIB y en 2024 de 2,5 a 1,8 por ciento del PIB. En otras palabras, el sacrificio actual es insuficiente.
La ruta de la administración Petro en el MFMP contempla asimismo una gestión tributaria de la Dian que genere recursos por 0,8 por ciento del PIB en 2024 y después mantenerse en 1,3 por ciento del PIB. Además, estima ingresos por arbitramiento de litigios de 15 billones de pesos en 2024- casi tres cuartos de la última reforma tributaria- y de 0,6 por ciento del PIB al año siguiente. Si bien proponerse metas ambiciosas en estos frentes no es criticable, definir una programación que debe ajustarse a los parámetros de la Regla Fiscal basado en entradas inciertas dispara riesgos y alertas.
Por los lados de los gastos, el Carf también pide al Gobierno una programación que esté más cercana a las realidades de la inflexibilidad presupuestal y de las nuevas demandas de recursos que exigen las reformas que hoy en día éste impulsa. Para que las cuentas cuadren el Ejecutivo tendrá que realizar drásticos ajustes en gastos flexibles mientras que, de aprobarse las reformas a la salud y las pensiones, el Estado asumiría erogaciones estructurales por alrededor de 0,7 por ciento del PIB, que el MFMP no incorpora. El pronunciamiento concluye con un escenario de una senda de deuda al alza para los siguientes años y un aumento sustancial en las necesidades de financiamiento, por ejemplo, de 82 a 122 billones de pesos en 2024.
Que el gobierno Petro requería de recursos frescos para cumplir con las altas demandas de gasto social con las que llegó a la Casa de Nariño no debe sorprender a nadie -incluso los empresarios contribuyeron a ese objetivo en la pasada tributaria-. Sin embargo, la ruta fiscal debe ajustarse al complejo entorno global, a la desaceleración económica y a la priorización en las políticas del ‘cambio’. El compromiso del Gobierno con la Regla Fiscal, ratificado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, debe traducirse pronto en mayor realismo en los ingresos, austeridad inteligente en el gasto público y ponderación en el camino del endeudamiento.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER