Las alzas a los combustibles son el camino acertado para las finanzas públicas, pero no se debe minimizar su duro impacto en el bolsillo de hogares.
El mes de mayo inició con un nuevo aumento a los precios de la gasolina. El incremento es de 600 pesos con respecto a abril -mientras que el costo del ACPM se mantiene estable-, llevando el promedio en el país a unos 11.767 pesos por galón. La decisión del Gobierno Nacional es más drástica a partir del quinto mes del año ya que eleva en 200 pesos las subidas promedio de los meses inmediatamente anteriores.
Desde octubre más de 6 millones de vehículos en el país, así como más de 11 millones de motocicletas, vienen sufriendo las alzas en el precio de venta de la gasolina. La razón detrás de esta escalada -que en lo corrido del gobierno Petro va en alrededor de dos mil pesos- es la búsqueda por parte del Gobierno Nacional de cerrar el creciente déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
Sólo el año pasado el hueco que genera este mecanismo de subsidio a la gasolina y el diésel frente a sus precios internacionales, superó los 30 billones y para 2023 podría llegar a unos 28 billones de pesos.
El recién posesionado ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ya declaró que los precios de la gasolina continuarán aumentando hasta llegar a los 16 mil pesos. Además, afirmó que el diésel se mantendría estable por el momento y que empezaría también a elevarse en cuanto la inflación nacional dé muestras de bajar de su techo. De todas maneras, la dinámica de estos precios, sus cotizaciones internacionales más la devaluación, está empujando cada vez más a que el ACPM asimismo entre a aportar su grano de arena en el cierre de la brecha.
Es entendible que el Gobierno Nacional no quiera elevar el costo del combustible que usa la mayoría de los transportadores de carga y pasajeros tanto por razones de impulso a la inflación como por motivos políticos para evitar protestas de estos poderosos gremios. No obstante, a punta de alzas exclusivamente a la gasolina, el camino para la estabilización del déficit del Fepc será no sólo más oneroso para los hogares colombianos sino también más largo y desequilibrado.
Acierta el ministro Bonilla, en continuar ese esfuerzo de sostenibilidad fiscal que abrió su antecesor, José Antonio Ocampo, desde finales del año pasado.
El Gobierno Nacional evidencia un sentido de responsabilidad frente a las finanzas públicas, aún con los altos riesgos que implica en términos de inflación y de rechazo ciudadano. La administración Petro, que heredó esta problemática del gobierno anterior, ha tomado decisiones sensatas hacia la reducción de esta tronera billonaria en las arcas estatales.
Dicho lo anterior, la Casa de Nariño no puede minimizar el duro impacto que está significando estas alzas continuas de la gasolina a los bolsillos de los hogares colombianos. Y mucho menos afirmando, como lo hizo el presidente de la República Gustavo Petro, que “la señora campesina que siembra papa o incluso el desempleado están subsidiando al señor que tiene la Toyota”. No toda decisión gubernamental aguanta el análisis simplista de la lucha de clases o el argumento populista de pueblo versus élites. Las motocicletas y los carros y camionetas a gasolina también integran hogares de bajos recursos, que incluso emplean estos vehículos para ganar su sustento.
Subir los precios de los combustibles golpea a todos, así sea en grado diferente. El presidente Petro y el ministro Bonilla están asumiendo una decisión costosa pero responsable. Tratar de subestimar ese costo sobre las familias no es aconsejable y refleja desconexión e insensibilidad.