La obra, de vital importancia para el desarrollo de la costa Atlántica, vale $ 500 mil millones.
Los magistrados de la Corte Constitucional Gabriel Mendoza, Gloria Ortiz y Jorge Palacio le pusieron fin a un pleito vial tasado en más de 500.000 millones de pesos y que está proyectado desde hace 16 años: la Vía de la Prosperidad.
Durante más de 14 meses, su construcción estuvo frenada por diferencias entre el Ministerio de Transporte y el departamento del Magdalena, que adjudicó las obras a un grupo español.
Pero este viernes, la Corte confirmó la sentencia de la sala civil del Tribunal Superior de Bogotá del pasado 19 de septiembre que levantó la medida cautelar que tenía paralizada la construcción, una vía que unirá, por medio de una carretera marginal al río Magdalena, las poblaciones de Palermo, Sitionuevo, Remolino y Salamina, en un trayecto de 52,6 kilómetros.
La obra se adjudicó en agosto del 2013 en una maratónica audiencia, luego de la cual el Ministerio de Transporte pidió que se suspendiera la licitación tras argumentar presuntas irregularidades en el proceso.
El caso llegó a la Corte Constitucional tras haber sido estudiado en el Tribunal Superior de Barranquilla, que concedió una tutela interpuesta por el Consorcio Ribera Este, uno de los participantes en la licitación, y que congeló todo el proyecto.
Además de destrabar la obra, la Corte ordenó a la Procuraduría y a la Contraloría hacer un estricto seguimiento al cumplimiento del contrato y que se verifique su cumplimiento a cabalidad.
La decisión es quizás la más importante en infraestructura en el país en este año y el propio presidente Juan Manuel Santos le había pedido a la Corte que le diera luz verde a este proyecto.