El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, aseguró que el cobro por valorización es una herramienta complementaria para la financiación de la infraestructura, pero que su implementación llevaría tiempo y no reemplazaría ni las vivencias futuras ni los peajes.
“Desde siempre, compartimos esa posibilidad, pero no está claro el hecho de que la implementación de tal instrumento pueda realizarse en los meses inmediatos, como lo sugirió el ministro de Transporte (William Camargo). Tampoco es válida la apreciación de que el modelo de las concesiones se agota”, afirmó Caicedo en la XXIII Asamblea Estatutaria Anual de Afiliados CCI.
Camargo dijo el domingo pasado en este medio que harán este cobro por valorización porque hay un problema de flujo de fondos y con esta herramienta recaudarían entre 10, 12 y 14 billones de pesos.
“Los decretos están listos, se dictarán y empezaremos a aplicarlos. (...) Estamos ya trabajando en algunos corredores pilotos. Hemos pedido, por ejemplo, la actualización catastral de la vía Cartagena-Barranquilla”, señaló Camargo en entrevista con Yamid Amat.
Sin embargo, Caicedo aseguró que si tal apreciación fuese asertiva, no estaría la ANI anunciando inversiones por más de 24 billones de pesos para el programa de concesiones de 5G, como tampoco la banca multilateral hubiese calificado el modelo de Apps como un referente mundial, a través del cual, en escasas tres décadas, el país invirtió en infraestructura más de 100 billones de pesos ahorrándose, de esa manera, esfuerzos fiscales de magnitudes insospechadas.
Respecto al borrador de decreto que le daría facultades extraordinarias al Presidente para hacer traslados presupuestales y autorizar vigencias futuras, Caicedo opinó que se trata de una iniciativa que genera incertidumbre grave en materia de seguridad jurídica y confianza inversionista, dada la subjetividad y falta de rigor técnico, que bien pueden condicionar las decisiones del Ejecutivo.
“Tenemos aseguradas vigencias futuras por 1,9 billones de pesos, correspondientes al año en curso, para 57 contratos de obra e interventoría de los programas ‘Legalidad y reactivación 2.0’”, señaló.
NOELIA CIGÜENZA RIAÑO