Expertos sugieren un revolcón en la relación región-nación y cobrar impuesto a la tierra.
Conseguir la plata para el posconflicto, lo que en parte se haría con una reforma tributaria, no es la mayor necesidad en materia económica. Académicos y pensadores de distintas áreas estiman que es indispensable pensar en otros aspectos que, de no preverse, podrían arriesgar el adecuado funcionamiento del proceso en el que ahora entra Colombia, tras el acuerdo de dejación de armas por parte de las Farc.
Los analistas mencionan desde poner el ojo en el tema pensional de las fuerzas militares, pasando por los cambios que hay que hacer para que la relación Nación-región sea más eficiente, hasta el cobro de un impuesto para desestimular la improductividad de la tierra.
Desde esa perspectiva, la cifra que se requiere para financiar el posconflicto, aunque es exorbitante, se vuelve un problema menor. Cualquier número en ese sentido, hasta ahora, es especulativo. Se han mencionado montos de 170 billones (exministro Juan Camilo Restrepo); 187 billones (Banco Mundial) y hasta 300 billones (Senadora Claudia López) para los próximos 15 años.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que al término de este Gobierno se habrán invertido alrededor de 80 billones de pesos y el proceso para recaudarlos no parece tener mayores tropiezos. Muestra de ello es que el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, tras aplaudir el cese bilateral del conflicto con las Farc, recordó que la ayuda que el país gestiona para el posconflicto es de 450 millones de dólares.
La pieza financiera que pondrá el país, a través de la reforma tributaria, si el Gobierno la tramita ante el Congreso en el segundo semestre, aportaría alrededor de dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB), unos 16 billones de pesos en el primer año, de acuerdo con los cálculos de la Comisión de tributarios que hizo la propuesta. Es más, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que acaba de presentar el Ministerio de Hacienda, para planear las finanzas en los próximos 10 años, se dice que “las inversiones habilitadas por la paz que han sido acordadas en La Habana son fiscalmente viables”. Es así como, los otros requerimientos en materia de reformas económicas, distintas a la de conseguir plata, empiezan a verse más complejos.
Más presión a la bomba pensional
Juan Carlos Ruiz, internacionalista de la Universidad del Rosario, pone sobre el tapete, como una prioridad, el aspecto pensional de la fuerza pública. “Si bien ya tenemos una bomba pensional que no tiene despejado el camino para conseguir los recursos que permitan pagar las mesadas a los que tienen derecho, ahora se agrega un punto nuevo y es que, durante los Gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, e, inclusive, desde antes (Pastrana, Samper y Gaviria), se ha venido robusteciendo el pie de fuerza en el país. Este creció en un 75 por ciento, mientras que la población solo lo hizo en 15 por ciento”.
Al decir del analista, ese aspecto no se planificó desde el punto de vista financiero y, ahora, “no hay recursos para promocionarlos y en materia de pensiones tienen un régimen especial, por lo que se terminan jubilando muy jóvenes”.
Ruiz estima que el costo de estas vinculaciones podría ir de los 200 a los 400 millones de dólares al año, por lo que, a la luz de un posconflicto y ante una eventual reforma pensional hay que abordar el tema. “Cambiar las reglas de juego ya es difícil, pero si es necesario tomar medidas para los que empiezan y, definitivamente, revisar si será necesario mantener la Policía del tamaño en que está o, incluso, hacerla crecer, pero tal vez no se requiera ya un Ejército tan grande”.
Impuesto para usar mejor la tierra
Para Ana María Ibañez, exdecana de economía de la Universidad de los Andes, aparte de las reformas rurales necesarias para que “el Ministerio de Agricultura sea más sólido y menos político”, es indispensable abordar el tema de tierras: “hacer el catastro y formalizar la propiedad, lo mismo que un buen inventario de baldíos son algunas reformas que ya se han mencionado como prioritarias, pero es imprescindible diseñar un impuesto a la tierra (o modificar el predial) para que los grandes propietarios de tierra paguen más, lo que generaría un mejor uso productivo de la misma”.
Entre tanto, Hubert Gehring, representante de la Fundación alemana Konrad Adenauer Stiftung (KAS) en Colombia, estima que una de las reformas urgentes en el país debe definir una nueva relación Nación-Región que haga más eficiente las inversiones. “Se habla en Bogotá de la paz, pero no se ha planteado un ordenamiento territorial en el que alcaldes y gobernadores tengan más posibilidades. Esto implica que, si hay una eventual reforma tributaria, se requiere una distribución más justa en las regiones donde no hay inclusión social que, por lo general, son las que han estado en conflicto”.
Primero la plata
Pero a Ana María Olaya, directora de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad de la Sabana sí le preocupa más el tema financiero para la paz, toda vez que, la caída en los precios de los minerales seguirá haciendo hueco en las finanzas públicas tradicionales y los dividendos de la paz de los que habla el Gobierno, no se verán tan pronto.
“Las exportaciones tuvieron una caída de 68 por ciento entre 2012 y 2016, mientras que, en el cuatrienio anterior habían crecido 154 por ciento (explicado por el aumento en precios internacionales). En el 2015, el 65 por ciento de las exportaciones fueron de petróleo (39 por ciento), carbón (14 por ciento), café (10 por ciento) y ferroníquel (2 por ciento). El bajo nivel de diversificación de los productos de exportación ha sido un impedimento permanente a la expansión de los mercados; es un indicador de la baja capacidad de producción en el país”.
Para la especialista, los nuevos requerimientos de recursos, por cuenta del posconflicto, cogen a Colombia en franco quebrantamiento de su aparato productivo, un crecimiento sustentado vía precios, mientras que la capacidad para producir productos y servicios para exportación es cada vez menor”.
Algunos costos del posconflicto
Gasto en defensa de países en posconflicto 4,5 por ciento del PIB
Cuatro grupos claves
1. Costos del desarrollo agropecuario
• Formación técnicos Agropecuarios (1 año) 9,1 a 13, 2 mil millones de pesos
• Mantenimiento vías terciarias (1 año) 225 a 271 mil millones de pesos
• Vías Terciarias consolidación (10 años) 3,3 a 4 billones de pesos
• Vías Terciarias para afirmado placa huella 10,9 a 13, 4 billones de pesos
• Vivienda (10 años) 6 a 7,5 billones
• Desarrollo agrícola 251 1 368 mil millones
• Sustitución de Cultivos 4,3 billones
2. Jurisdicción agrícola
• Jurisdicciones especiales (4 a 10 años) 1,5 a 1,7 billones
• Costo proveer justicia (10 años) 1 billón
• Métodos alternativos de Justicia 457,4 a 610,4 mil millones
• Presencia de la Fiscalía 84,2 a 131, 4 mil millones
3. Formalización registro de propiedad rural
• Unificar catastro y registro (4 años) 534 a 691 mil millones
• Capacidad Tributaria Local (4 años) 133,6 a 177, 5 mil millones
• Formalización de propiedad 344,5 a 436,6 mil millones
4. Gobernabilidad
• Ciudadanía (10 años) 65,3 a 80, 1 mil millones
• Educación (10 años) 715 a 922 mil millones
• Burocracia local (1 año) 4,4 a 5,9 mil millones
Fuente: Comisión Accidental de Paz, 2014).