El deterioro de los indicadores de seguridad continúa afectando la operación de empresas y sectores.
La inseguridad es actualmente una de las problemáticas más graves que afectan la vida de los colombianos. Ad portas de arrancar la temporada electoral por los comicios regionales y locales de octubre próximo, los habitantes de las principales ciudades del país cuentan a la criminalidad urbana como una de sus preocupaciones más sentidas.
El deterioro de la seguridad se está experimentando no solo en las calles, residencias y comercios, sino también en las carreteras, las fincas y los proyectos energéticos. Esto es, el golpe de la delincuencia y de la violencia que está golpeando con mayor intensidad tanto a los ciudadanos del común como a empresas y sectores de la producción.
Las cifras oficiales del Ministerio de Defensa sobre algunos delitos contra el patrimonio económico reflejan estas preocupantes tendencias, por ejemplo, en el primer semestre de 2023 los casos registrados de extorsión subieron de 3.911 a 5.259 en comparación con el mismo período del 2022.
Además de alarmantes casos de sicariato en Bogotá y de homicidios en otras capitales, distintos sectores empresariales continúan reportando preocupantes manifestaciones de una amplia gama de actividades delincuenciales.
Los comerciantes en varias ciudades, incluyendo tenderos y dueños de restaurantes de Bogotá, Cartagena, Cúcuta y Barranquilla, vienen denunciando de tiempo atrás un alza en robos a clientes, sicariato y extorsiones. Una encuesta de Fenalco Bogotá muestra que 64% de tenderos no se siente seguro en su zona de trabajo, mientras que, en un sondeo de Acopi, 48% de las mipymes registró hurtos y robos.
Otros sectores productivos, seriamente impactados por la inseguridad, son el agropecuario, el minero-energético y las concesiones viales. Por ejemplo, en el caso de los productores de caña de azúcar en el Valle del Cauca y el Cauca, se cuentan invasiones ilícitas de tierras e incluso secuestros y trágicos asesinatos de trabajadores y empleados. Las dinámicas de la inseguridad en las zonas rurales y en territorios de exploración minera y petrolera responden más al conflicto interno con la guerrilla del ELN, disidencias y bandas paramilitares y al desarrollo de la política de ‘paz total’ del Gobierno Nacional.
La industria petrolera y minero-energética atraviesa a su vez tiempos difíciles en términos de deterioro en la seguridad de los campamentos, así como actos de terrorismo contra los oleoductos, actos de violencia contra las áreas operativas, bloqueos de las comunidades y aumentos de la conflictividad social. En materia de infraestructura y concesiones viales se registran también en meses recientes hurto de maquinarias, robos de camiones y vehículos de carga y ataques contra la integridad física de los transportadores.
El debate en las elecciones locales debe tener a las propuestas para combatir la criminalidad urbana como una de sus temáticas más álgidas. Los habitantes de las principales capitales demandan de los aspirantes a convertirse en los nuevos alcaldes planes específicos y factibles para luchar contra la inseguridad. En el caso de los candidatos a gobernaciones, se necesita añadir políticas orientadas a los territorios y a las áreas rurales.
En paralelo, las empresas requieren asimismo de una estrategia de seguridad efectiva que aborde estas problemáticas, que indudablemente afectan las operaciones. Los robos, las extorsiones y la violencia urbana deteriora la calidad de vida de las ciudades, mientras que los secuestros, los actos terroristas, las invasiones y los bloqueos golpean la economía. La inseguridad, en sus distintos frentes, es un mal negocio.