El presidente Gustavo Petro identificó la seguridad humana como una de las prioridades de su gobierno. Una de las dimensiones de protección de la vida es la seguridad vial, sin embargo, el tema estuvo ausente del debate electoral y tampoco ha sido mencionado en las primeras intervenciones públicas del ministro de Transporte Guillermo Reyes. Está también pendiente la nominación de la persona a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hay muchísimo que hacer: 2022 se proyecta como el peor año en la serie histórica de fatalidades viales. En el primer semestre tuvimos 3,703 fallecidos en siniestros viales, un crecimiento de 15% frente al mismo periodo de 2022, más de 20 personas cada día.
Para contribuir a la agenda de seguridad humana del nuevo gobierno nacional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Bogotá consultó a expertos, académicos y sociedad civil para analizar los temas clave en protección de la vida frente al flagelo de la siniestralidad vial para el próximo cuatrienio.
El documento de OPS identifica 10 decisiones inaplazables: avanzar el marco regulatorio; gestionar velocidades seguras; salvar las cámaras salvavidas; reglamentar las seguridad de los vehículos de acuerdo al marco global de las Naciones Unidas; proteger a los niños, las niñas y los adolescentes en la vía y a bordo de los vehículos; apoyar el avance del transporte público en las ciudades, que es la forma más segura de viajar; avanzar una política pública integral para la seguridad vial de los motociclistas; abordar la atención médica oportuna de emergencia después de colisiones y atropellos; mejorar los procedimientos y requisitos para mejorar el licenciamiento de conductores y comprometer al sector privado en la gestión de la seguridad vial. Además, añade otro punto muy importante: que la agenda de seguridad vial sea inclusiva y equitativa, muy especialmente con las mujeres.
Todos estos temas son esenciales en la Plan Mundial del Decenio de Acción por la Seguridad Vial de la Organización Mundial de la Salud y están de alguna manera reflejados en el Plan Nacional de Seguridad Vial (Decreto 1430 del 29 de julio de 2022). La idea de priorizar acciones es el reflejo de una agenda demasiado amplia en ambos documentos, que necesita enfoque específico para lograr resultados efectivos muy pronto. De allí las decisiones inaplazables en materia legislativa, regulatoria y de acciones de control seleccionadas por OPS Colombia luego de consultas con miembros de organizaciones de la sociedad civil y la academia, en particular la Liga Contra la Violencia Vial, Despacio.org, RIDEPRO (expertos en seguridad motociclista), Universidad de Antioquia, Hospital Universitario San Ignacio, Universidad de los Andes (Grupo SUR) y los Bomberos Voluntarios de Bogotá; así como socios internacionales de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial: Johns Hopkins University, Global Health Advocacy Incubator, Global Road Safety Partnership, World Resources Institute, Vital Strategies y sus equipos en Colombia.
Resalto los énfasis en gestión de velocidad que son el mayor riesgo vial, y para el cual se dio un avance legal importante: la definición de velocidad límite de 50 km/h en arterias y 30 km/h en vías de zonas urbanas en la #LeyJulianEsteban (Ley 2252 de 21 de julio de 2022). Se requieren varias cosas para que esta nueva ley tenga pleno efecto: cambiar la señalización en todas las ciudades, implantar además dispositivos de reducción de velocidad en vías locales y, en mediano plazo, modificar el diseño vial de las vías arterias para adecuarlo a la velocidad límite (hoy tenemos carriles demasiado anchos y radios de curvatura muy generosos que facilitan la conducción a velocidad excesiva). También mejorar las cámaras salvavidas, hacerlas efectivas en el respeto a la vida y la integridad de las personas, respetando también el debido proceso y reconociendo que los dueños de vehículos somos responsables por su conducción adecuada.
En protección de niñas y niños es importantísimo avanzar en la legislación para hacer obligatorias las sillas infantiles para menores de 12 años que viajen a bordo de vehículos, como lo propone la Senadora Norma Hurtado en un proyecto de ley. También reglamentar cuales sillas deben ser usadas en nuestro país de acuerdo con las regulaciones de Naciones Unidas y las equivalentes de Estados Unidos.
Y es urgente trabajar el tema de motocicletas de manera integral. Allí se concentran la mayor parte de nuestros muertos y heridos graves, no solo pilotos y pasajeros, sino también personas afuera, especialmente peatones atropellados por motociclistas. Esta agenda incluye reforzar el licenciamiento, hacer más exigentes las regulaciones a las motos (especialmente la obligación que tengan frenos ABS), encontrar soluciones de diseño vial que incorporen el uso masivo de motos que ya vemos en nuestras ciudades y ejercer control, por ejemplo, en las empresas.
La agenda priorizada por OPS incluye el avance de los reglamentos de vehículos. Ya existe un proyecto de ley pendiente de aprobación en plenaria del senado para que Colombia se adhiera al Foro Mundial de Armonización de Estándares de Vehiculos WP-29 (adhesión al acuerdo de Naciones Unidas de 1958 sobre estándares vehiculares). El proyecto tiene ponencia de la Senadora Paola Holguín y espera hacer tránsito a la Cámara de Representantes muy pronto. Cabe anotar que al final de la pasada administración el gobierno nacional expidió nuevos reglamentos de frenos y llantas de vehículos que siguen las recomendaciones internacionales de la materia, lo cual es un avance notable, pero falta continuar con múltiples elementos.
La agenda de OPS no prioriza acciones de educación vial, que son un lugar común cuando se habla de seguridad en la vía. Si bien la educación vial es necesaria, tiene muy poco impacto en reducción de fatalidades y heridos graves, al menos en el corto plazo. Educar a los usuarios viales en un entorno de diseño inseguro con vehículos que no protegen adecuadamente a los ocupantes (incluidos los niños y las niñas) y a las personas afuera, sin control de los comportamientos riesgosos que causan muerte y heridas graves, como el exceso de velocidad, es una pérdida de esfuerzo. No se trata de ignorar este componente, se trata de trabajar prioritariamente en los elementos que han demostrado efecto en el mundo y entre nosotros. Por ejemplo, las medidas de gestión de velocidad en Bogotá, que redujeron muertes por tres años consecutivos o el control de velocidad con cámaras salvavidas y operativos policiales de los últimos tres meses por la Secretaría de Movilidad, que han reflejado reducción de muertes en la vía.
La visita esta semana del enviado especial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, Jean Todt (líder por muchos años de la Federación Internacional de Automovilismo FIA), es una ocasión especial para que esta agenda priorizada sea conocida y ojalá adoptada como la base de la gestión del nuevo gobierno y del nuevo congreso en Seguridad Vial. Hay líderes del tema de seguridad vial y movilidad sostenible en ambas cámaras, como los senadores Roy Barreras, Ana María Castañeda, Paola Holguín, Angélica Lozano, Carlos Eduardo Guevara, Norma Hurtado, y los representantes Catherine Juvinao, Julia Miranda, Daniel Carvalho y Julián Peinado, entre otros. Ojalá avancemos en las prioridades para salvar muchas vidas, que es la forma como el presidente Gustavo Petro desea gestionar la seguridad humana.