La Contraloría advirtió en 2011 a la Administración Distrital sobre el inminente riesgo de pérdida de los recursos en cuantía de $ 6.738,3 millones que se habían invertido para el proceso de modificación excepcional del POT, sin que se hubiera adelantado el trámite ante el Concejo de Bogotá.
De igual manera, en junio de 2013 el ente de control se pronunció sobre el contenido y alcance del proyecto de acuerdo de modificación excepcional del POT, precisando que el proyecto MEPOT, en su momento presentado al Concejo Distrital, en criterio de la Contraloría modificaba tanto las previsiones como sus contenidos, lo cual implica que se estaba presentando a consideración un nuevo POT.
Corrobora lo afirmado la derogatoria expresa que hace ahora el Decreto Distrital 364 del 26 de agosto de 2013, en su artículo 565, en el que dispone de manera categórica “derogar el decreto 619 de 2000, el decreto 469 de 2003 y el decreto 190 de 2004”; normativas que como bien se conoce, constituían el POT vigente hasta el 25 de agosto de 2013.
“Lo ocurrido ratificó la posición del ente de control de que el proyecto presentado a consideración del Concejo era un nuevo POT y no una modificación excepcional de normas urbanísticas. Así mismo, se incumplían los requisitos establecidos en el Decreto Nacional 4002 de 2004, en materia del soporte técnico requerido y los mecanismos de participación allí exigidos para surtir el trámite de aprobación de la modificación que no resultó ser una modificación excepcional sino un nuevo POT, para lo cual se debió cumplir con lo consagrado en la Ley, máxime si se tiene en cuenta que en el mismo derogó expresamente los decretos distritales contentivos del POT, lo que implicaba que en el Decreto 364 de 2013 se tenía un nuevo modelo de ciudad”, puntualizó la Contraloría.
En su momento, dice también la Contraloría, se cuestionó que por la vía de la modificación excepcional se tocaban temas relacionados con la protección y conservación de los recursos naturales y paisajísticos que solamente se pueden hacer por la vía de revisión y modificación del POT; de lo que se infirió que lo adoptado por el citado Decreto no era una modificación excepcional de norma urbanística sino un nuevo POT.
“La competencia para expedir el nuevo POT como lo hizo el alcalde de Bogotá le correspondía al Concejo de la ciudad. Hoy la ciudad cuenta con un Decreto suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado. Situación que a concepto de este ente de control busca evitar transitoriamente la aplicación del Decreto 364 de 2013, recobrando vigencia el decreto 190 de 2004”, agregó.
“Pese a las alertas que hizo este ente de control a la Administración Distrital, sobre la modificación y adopción del POT, el Gobierno Distrital tomó decisiones que hoy ven avocada a la ciudad a un caos e incertidumbre en la planeación y desarrollo urbanístico por las dudas frente a la aplicación de la norma urbana en el uso del suelo y ordenamiento territorial; lo que puede generar un retroceso en el avance de los proyectos de construcción por los traumatismos que se pueden generar en el trámite y expedición de las licencias de construcción”, enfatizó el organismo de control.
“Lo anterior generaría impactos negativos en las finanzas del Distrito, en sus ingresos corrientes por el recaudo en los impuestos de plusvalía, delineación urbana e ICA, entre otros, por la posible parálisis transitoria en los proyectos de construcción, teniendo en cuenta los efectos fiscales para el uso del suelo en las inversiones de la capital”, concluyó.