El ambientalista Lester Brown afirma que sí. ¿Por qué EL COLOMBIANO se atreve a hacer una edición temática sobre medio ambiente como un ejercicio anual? Porque trabaja para una sociedad y no se puede quedar quieto cuando la ve amenazada. Estamos viviendo con las consecuencias demoledoras de los abusos a la naturaleza, el aire que respiramos, el entorno visual y auditivo de nuestra cotidianidad, los alimentos que consumimos... nos estamos haciendo daño.
Antioquia y Colombia son potencias en biodiversidad, bosques y recursos hídricos. El ecoturismo se vislumbra como uno de los sectores económicos de mayor desarrollo si se firma un acuerdo en La Habana, pero debemos -y tenemos- que asumir nuestra responsabilidad frente a la huella que esta generación deja en el presente del entorno, ya que son acciones concretas las que nos permitirán cambiar la realidad del territorio y prevenir su deterioro a futuro. Esta es una responsabilidad ineludible del individuo, de la comunidad y de las instituciones.
Este es un país de regiones en conflicto, el mayor desplazado de sus tierras por violencia y corrupción es el propio Estado. El Gobierno debe generar políticas públicas contundentes para la conservación y el desarrollo. No podemos ignorar que, según el último informe de Parques Naturales, el 63 % de santuarios protegidos del país tiene presencia y tránsito de grupos armados, el 42 % ha tenido eventos de minas antipersonal, el 27 % posee cultivos de uso ilícito y el 19 % padece de talla selectiva.
Colombia emite hoy el 0,46 de los gases efecto invernadero del mundo y hoy está comprometida con una reducción del 20 % de sus emisiones en 9 sectores principalmente: agropecuario, forestal y otros usos del suelo, energía eléctrica, transporte, industria, vivienda, residuos, hidrocarburos y minería. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, ha afirmado con claridad que la única forma para que el país reciba financiamiento de fondos verdes internacionales es mostrando resultados concretos frente a la Conferencia de las Partes (COP21) este diciembre en París.
Es interesante observar progreso cuando se escucha al codirector del Banco de la República,Carlos Gustavo Cano, hablar de la importancia de medir el ambiente en la economía para garantizar la sostenibilidad del desarrollo. El camino indica que el Índice del Producto Interno Bruto Ecológico (PIBE) y la tributación ambiental, por ejemplo en el caso del impuesto al carbono, son ya parte ineludible del futuro de Colombia si se aspira a ser parte de la OCDE.
El sector empresarial no se ha quedado atrás, y aunque aporta menos del 10 % de los gases de efecto invernadero (GEI), pues los principales emisores son la deforestación, actividades agrícolas y ganaderas, hoy la industria ha pasado de abusar e ignorar el tema ambiental a comprometerse con este. Es un orgullo saber que 10 compañías están incluidas en el honroso índice Dow Jones de Sostenibilidad y que ya suman 30 las compañías que reducen en 17 regiones su huella de carbono por medio de iniciativas como BanCO2.
Por el contrario, es preocupante observar el poco conocimiento y la ausencia de programas que algunos de los candidatos para la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín tienen sobre medio ambiente, una ciudad catalogada como la novena más contaminada de Latinoamérica, según la Organización Mundial de la Salud, en la que cada día mueren 8 personas por cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias atribuidas a la polución del aire, una capital que sobrepasó la barrera normal de ozono en todas sus estaciones en el último informe de la Contraloría de Medellín (2013) y que requiere cinco ríos para asimilar la carga contaminante que llega al río Medellín, según reveló el estudio de la huella hídrica de la cuenca del río Porce. Pero también hay buenas noticias como saber, por ejemplo, que el páramo de Santa Inés, principal fuente de agua del Valle de Aburrá y 20 municipios del departamento, quedará libre ya de explotación minera.
El ecosistema ha sido por años otra víctima del conflicto como resultado de las invasiones de zonas de reserva, deforestación ilegal, contaminación de las aguas y del aire y derrames de petróleo, pero también ha sido víctima del desarrollo urbanístico egoísta y sin responsabilidad, de los excesos de la industria, de la falta de educación, la ausencia de una reforma rural, el débil fortalecimiento de las entidades territoriales, el deficiente control de la industria extractiva, la debilidad legislativa y fiscal y, vergonzosamente, la irresponsabilidad del ciudadano. Las políticas ambientales deben ser inteligentes y buscar un equilibro entre el desarrollo y el crecimiento económico y los recursos naturales. Necesitamos una sociedad competitiva, sana y sostenible que empieza en el individuo.
* EL COLOMBIANO agradece la asesoría del doctor Ricardo Lozano en esta edición y a todo el
equipo que participó en ella.